La resolución del juez Gastón Merino, que rechazó los pedidos de prisión preventiva y dispuso la libertad bajo caución de Gerardo Caro, Matías Llado y Graciela Moyano, todavía no se tradujo en la salida de los tres imputados.
Según confirmaron sus abogados defensores, las fianzas establecidas por el magistrado ya fueron abonadas. Para Caro y Llado, la caución real fue fijada en $70 millones para cada uno, mientras que para Moyano se estableció en $20 millones. A pesar de ello, hasta el momento los tres permanecen detenidos.
La situación generó cuestionamientos por parte de las defensas, que sostienen que, una vez cumplidas las condiciones impuestas por el juez, debía avanzarse con la efectivización de las libertades.
El escenario se produce además en medio de la apelación presentada por el Ministerio Público Fiscal contra la resolución de Merino. La Fiscalía cuestionó tanto la valoración de los elementos incorporados a la investigación como los riesgos procesales que había invocado para solicitar la prisión preventiva.
El fiscal coordinador Juan Allende sostuvo que, luego de analizar los fundamentos de la resolución, el equipo fiscal decidió recurrirla porque considera que los argumentos vinculados con los riesgos procesales no fueron debidamente considerados. La Fiscalía sostiene que la investigación continúa abierta y que todavía existen numerosas medidas de prueba pendientes. Por ese motivo, pretende que la revisión de la decisión se concrete con rapidez.
La discusión procesal, por lo tanto, quedó planteada en dos planos. Por un lado, resta definir cuándo se hará efectiva la libertad ordenada por Merino. Por otro, la Cámara deberá revisar los planteos de la Fiscalía contra esa decisión. La causa continúa así en movimiento, con los tres principales imputados a la espera de recuperar efectivamente la libertad.


















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