La historia de Lucía Pérez es una de esas heridas abiertas que la sociedad argentina se niega a cicatrizar. Con apenas 16 años, la adolescente marplatense se convirtió en el rostro de un reclamo masivo, luego de protagonizar un caso que combinó el engaño narco, la vulnerabilidad extrema y una muerte tan escabrosa que terminó sacudiendo los cimientos de la Justicia y desencadenando el primer Paro Nacional de Mujeres de nuestra historia.

El espiral hacia la tragedia comenzó a gestarse en la puerta de la Escuela de Educación Secundaria Nº 3. A través del contacto de una amiga, Lucía se comunicó con Matías Gabriel Farías, un joven de 23 años, con la intención de comprar marihuana. Farías llegó al colegio a bordo de una camioneta conducida por Juan Pablo Offidani, de 41 años, y concretó la venta. Sin embargo, el dealer no se conformó con esa simple transacción comercial y comenzó a tejer una red para volver a ver a la adolescente, ofreciéndole estupefacientes a menor costo.

La emboscada final se cerró un sábado por la mañana. Lucía salió de su casa engañada, completamente convencida de que sería una salida breve. Tan segura estaba de su pronto regreso, que dejó el mate preparado y su cuenta de Facebook abierta en la computadora familiar. Pero la camioneta de Offidani la llevó directo a una vivienda que Farías alquilaba en el barrio de Playa Serena.

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En ese lugar, la adolescente fue sometida a un cóctel letal de estupefacientes. La autopsia posterior arrojó detalles estremecedores: la causa de muerte fue un edema y congestión pulmonar, producto de una intoxicación masiva por cocaína. El escenario puertas adentro era dantesco. Los peritos hallaron una cantidad considerable de preservativos usados, un dato macabro que de inmediato alimentó la sospecha sobre la participación de un tercer agresor. Aunque los forenses constataron actividad sexual, las lesiones encontradas no permitieron establecer con total certeza el grado de violencia física.

Con la joven ya sin vida, los implicados montaron un operativo desesperado para borrar las huellas del horror. Farías y Offidani convocaron a un tercer hombre, Alejandro Maciel, y entre los tres lavaron y vistieron el cuerpo de la estudiante. Acto seguido, la trasladaron a una sala de salud barrial e intentaron convencer a los médicos de guardia de que la chica se había desplomado sola por una sobredosis accidental. La burda maniobra no engañó a los especialistas, y la posterior requisa en la famosa camioneta Fiat destapó el hallazgo de grandes cantidades de droga escondida.

Lo que vino después del crimen fue un estallido nacional. A los pocos días, la fiscal original del caso convocó a la prensa y relató una versión aterradora que dio la vuelta al país: aseguró que Lucía había sufrido una "agresión sexual inhumana" y se instaló con fuerza en los medios que la joven había muerto empalada. Aunque el propio juez de Garantías advirtió más tarde que esa versión extrema carecía de certezas contundentes, el daño ya estaba hecho. La furia colectiva copó las calles, derivando en marchas multitudinarias, crudas represiones policiales y el histórico llamado a un paro de mujeres teñido de negro luto.

El derrotero en los tribunales, sin embargo, fue igual de tortuoso que el crimen. En un primer juicio celebrado en 2018, los jueces absolvieron a Farías y Offidani por el femicidio, condenándolos apenas por la venta de drogas en la puerta del colegio. La presión social y las apelaciones lograron que esa sentencia fuera anulada, abriendo paso a un segundo debate en 2023 donde Farías recibió la prisión perpetua y Offidani 15 años de cárcel.

Lejos de encontrar un cierre definitivo, el expediente sumó un polémico capítulo a principios de 2025, cuando el Tribunal de Casación revocó la figura de femicidio y ordenó fijar una nueva pena solo por el abuso sexual agravado. Un vaivén judicial que, a casi una década, sigue sin poder apagar el eco de un caso que quedó grabado a fuego en la memoria colectiva del país.