El dramático caso de Ángel López que conmocionó a todo el país sumó un capítulo judicial determinante. El Cuerpo Interdisciplinario Forense del Poder Judicial de Chubut confirmó finalmente la causa de muerte del nene que falleció bajo la tutela de su madre y su padrastro en la ciudad de Comodoro Rivadavia.
Tras una intensa polémica y fuertes sospechas de maltrato físico, los peritos concluyeron que el fallecimiento se produjo por un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y daño multiorgánico debido a un severo proceso infeccioso pulmonar. En términos concretos, el nene sufrió una letal combinación de bronquiolitis y bronconeumonía.
Las lesiones y el descarte de los golpes
El mecanismo de muerte fue detallado por los médicos como una falta gravísima de oxígeno en el cuerpo y el cerebro. Un punto fundamental de la junta médica fue aclarar el origen de las más de veinte lesiones cerebrales que presentaba la víctima en los estudios complementarios.
Los forenses aseguraron que dichas heridas se corresponden estrictamente con el avance de estas patologías infecciosas y descartaron por completo que hayan sido provocadas por golpes intencionales o por el "síndrome del sacudón", como se sospechó en un primer momento.
El historial médico del menor ya mostraba antecedentes de internación por problemas respiratorios y una atención de urgencia pocos días antes de su deceso, cuando los pediatras advirtieron sobre una neumonitis y recetaron medicamentos.
El futuro legal de la pareja detenida
A pesar de este contundente informe médico, la fiscalía mantendrá por el momento la imputación contra Mariela Beatriz Altamirano y Michel Kevin González. Ambos cumplen prisión preventiva bajo la gravísima carátula de homicidio calificado por alevosía y ensañamiento.
Sin embargo, fuentes cercanas a la investigación indicaron que el caso está a un paso de dar un giro procesal enorme. Con las nuevas pruebas forenses sobre la mesa, la figura penal podría atenuarse hacia el delito de abandono de persona seguido de muerte, lo que prevé una pena máxima de 15 años de cárcel, enmarcado siempre en un contexto de vulnerabilidad y presunto maltrato infantil por falta de cuidados médicos.
