El caso que generó un fuerte revuelo en la comunidad educativa del colegio Martín Zapata sumó ahora una instancia judicial. El vicedirector del turno tarde de la institución, dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), fue denunciado penalmente por el episodio ocurrido durante una clase en la que se proyectaron imágenes de contenido sexual frente a estudiantes, entre ellos menores de edad.

La denuncia originó el expediente P-85823/26, registrado inicialmente bajo la figura de “publicación indebida de correspondencia”, y quedó a cargo del fiscal Gerardo Manganiello.

La presentación se conoció a través de la periodista Agustina Fiadino, durante el programa No tenés cara, de radio Nihuil. Hasta el momento no trascendió públicamente quién realizó la denuncia.

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Es importante aclarar que la existencia de una investigación penal no significa que el docente haya sido declarado responsable de un delito. La Fiscalía deberá determinar qué ocurrió, cómo llegaron las imágenes a la pantalla y si la conducta denunciada encuadra en alguna figura penal.

La investigación no se limita a determinar si durante la clase aparecieron fotografías de mujeres desnudas o semidesnudas. Uno de los principales puntos que deberá establecer la Justicia es si se trataba de imágenes privadas que fueron exhibidas sin autorización y si esa exposición pudo provocar un perjuicio a las personas que aparecían en ellas.

La denuncia fue encuadrada inicialmente en el artículo 155 del Código Penal, que contempla sanciones para quien, teniendo en su poder correspondencia, comunicación electrónica u otro contenido que no estaba destinado a hacerse público, lo divulgue indebidamente y cause o pueda causar perjuicio a terceros.

La calificación podría modificarse durante el avance de la investigación, dependiendo de las pruebas que se incorporen.

También deberá establecerse cómo fueron obtenidas, almacenadas y proyectadas las imágenes, además de determinar si la aparición del contenido fue accidental o si existió una acción deliberada.

Otro aspecto que será analizado es cuál es el fuero competente para continuar con la investigación.

El Martín Zapata forma parte del sistema educativo de la Universidad Nacional de Cuyo, por lo que especialistas señalaron que podría existir la posibilidad de que el expediente pase a la Justicia Federal.

Por ahora, sin embargo, la causa continúa en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de Mendoza, mientras se realizan las primeras actuaciones y se define la competencia.

La identidad de quien presentó la denuncia permanece en reserva.

Desde el Gobierno de Mendoza indicaron que la Provincia no fue quien realizó la presentación penal. Entre las posibilidades que circulan se encuentra la de que haya sido un familiar de alguno de los estudiantes que participaron de la clase.

También se analiza la posibilidad de que la presentación haya sido realizada por alguna de las personas que aparecen en las fotografías.

Por el momento, ninguna de esas versiones fue confirmada oficialmente.

El episodio ya había generado consecuencias dentro de la UNCuyo, que abrió un sumario administrativo y dispuso el apartamiento preventivo del vicedirector mientras se intenta determinar qué sucedió.

La universidad deberá establecer, entre otras cuestiones, si la exposición del material fue intencional o si se produjo como consecuencia de un inconveniente tecnológico o de una situación accidental.

La investigación administrativa y la penal son procedimientos diferentes y avanzan por vías separadas.

<i>El momento en que los estudiantes ven las imágenes en la clase.</i>
El momento en que los estudiantes ven las imágenes en la clase.

El caso también podría tener consecuencias sobre las horas docentes que el profesor mantenía dentro del sistema educativo provincial.

Aunque se desempeñaba como vicedirector en el Martín Zapata, el docente de Física tenía horas reservadas en establecimientos dependientes de la Dirección General de Escuelas (DGE).

Esas horas no estaban actualmente activas porque prestaba funciones en el sistema universitario, pero permanecían bajo la modalidad de “reserva”.

Si eventualmente dejara su cargo en la UNCuyo y pretendiera volver a ocupar esas horas provinciales, la situación judicial podría generar una suspensión preventiva mientras se desarrollen las investigaciones correspondientes.

Además, según el régimen aplicado por la DGE, una denuncia penal de estas características puede impedir preventivamente que el docente acceda a nuevos cargos u horas hasta que se aclare su situación.

Esto se relaciona con la política de Ficha Limpia para docentes, vigente en Mendoza desde 2025.

Sin embargo, una medida preventiva no equivale a una condena ni a una sanción definitiva. Eventuales medidas como una exoneración o una inhabilitación requieren el correspondiente procedimiento administrativo y, cuando corresponda, una resolución judicial.

El episodio ocurrió el viernes 7 de agosto, durante un Taller de Articulación Preuniversitaria de Ingeniería organizado para estudiantes de colegios secundarios de la UNCuyo.

En la actividad participaron alumnos del Martín Zapata, del Colegio Universitario Central y del Magisterio. Entre ellos había estudiantes menores de edad.

De acuerdo con el relato difundido después del episodio, el vicedirector utilizó una computadora personal para proyectar material relacionado con los ejercicios de la clase. En determinado momento aparecieron en pantalla fotografías de contenido sexual y presuntas imágenes de personas vinculadas con la institución.

Algunos estudiantes registraron lo ocurrido con sus teléfonos celulares y posteriormente comunicaron la situación a las autoridades.

El episodio generó malestar entre los alumnos y derivó en una sentada frente al establecimiento, mediante la cual reclamaron explicaciones y una investigación.

La UNCuyo abrió un sumario

Tras conocer lo ocurrido, las autoridades universitarias iniciaron un sumario administrativo y apartaron preventivamente al vicedirector.

Uno de los interrogantes centrales del procedimiento es determinar si las imágenes fueron mostradas de manera deliberada o si aparecieron accidentalmente mientras se utilizaba el equipo informático.

La respuesta a esa pregunta podría ser relevante tanto para el expediente administrativo como para la investigación judicial.

Ahora, con la denuncia penal, el caso tiene un nuevo frente. La Fiscalía deberá reunir pruebas, tomar declaraciones y determinar si existió una conducta que pueda ser considerada delito.

La denuncia penal no determina por sí misma la culpabilidad del docente. El expediente se encuentra en una etapa inicial y todavía deben establecerse las circunstancias exactas en las que aparecieron las fotografías, su procedencia, el carácter privado o público de las imágenes y la eventual existencia de perjuicios para las personas que aparecen en ellas.

Mientras tanto, el sumario de la UNCuyo continúa por separado y también resta definir si la causa permanecerá en la Justicia provincial o será remitida al fuero federal.

El caso, que comenzó como un incidente ocurrido durante una clase, suma así una investigación penal que podría extender sus consecuencias tanto al ámbito universitario como al sistema educativo provincial.