Un escandaloso episodio delictivo que involucra directamente a integrantes de una fuerza de seguridad nacional se encuentra bajo una hermética investigación en la provincia de Córdoba. De acuerdo con las primeras informaciones que trascendieron, efectivos policiales habrían utilizado un móvil oficial para concretar un millonario asalto contra un grupo familiar, actuando bajo la estricta fachada de un procedimiento judicial.
El hecho, que salió a la luz tras la denuncia formal de las víctimas, se habría registrado durante la mañana del último sábado en una vivienda del barrio Pueyrredón. Hasta ese domicilio habría arribado una camioneta Toyota Hilux ploteada con los logotipos de la Policía Federal Argentina, de la cual descendieron cuatro individuos encapuchados manifestando que se trataba de un allanamiento en curso y que uno de ellos oficiaba como testigo civil.
Según el relato del propietario del inmueble, quien se desempeña como comerciante de vehículos, los supuestos investigadores redujeron a su esposa y a sus pequeños hijos mientras revisaban minuciosamente cada rincón de la propiedad. En ese contexto, los falsos agentes se habrían apoderado de una suma cercana a los 32 millones de pesos, dinero producto de una reciente transacción vehicular, además de joyas y diversos elementos de valor, llegando incluso a dañar la estructura de una pared en la búsqueda de una supuesta caja fuerte.
Las sospechas de la familia comenzaron horas más tarde, al advertir que los uniformados no habían dejado ninguna documentación respaldatoria y que, antes de retirarse, se habían llevado el sistema de almacenamiento de las cámaras de seguridad para evitar dejar registros. Tras un largo recorrido por distintas dependencias policiales y judiciales sin obtener respuestas afirmativas sobre el operativo, la fiscalía federal a cargo de Maximiliano Hairabedian tomó intervención en el caso, sospechando inicialmente de una banda de delincuentes disfrazados.
Sin embargo, el análisis de las cámaras de seguridad del sector y el cruce de datos con los registros de la propia base policial habrían confirmado que la camioneta utilizada pertenecía efectivamente a la brigada de Investigaciones de la fuerza. Ante la gravedad de la evidencia documentada, que incluiría alteraciones en los libros de guardia y en los sistemas de rastreo satelital, la Justicia ordenó la inmediata detención de dos efectivos federales, mientras se avanza de forma urgente en la identificación de los restantes involucrados en el atraco.


















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