Una investigación de la Policía Federal Argentina (PFA) permitió desarticular una presunta red criminal que habría utilizado datos personales y biométricos de personas vulnerables para abrir y controlar cuentas bancarias y billeteras virtuales.
Según la pesquisa, las víctimas recibían alrededor de $80.000 a cambio de entregar su DNI, tomarse fotografías y realizar un supuesto escaneo del iris. Con esa información, la organización habría generado o utilizado cuentas a nombre de terceros para realizar distintas operaciones financieras.
Cómo funcionaba la maniobra
De acuerdo con la investigación, las personas captadas entregaban sus datos personales bajo la promesa de recibir dinero. Sin embargo, posteriormente sus identidades habrían sido utilizadas para mover fondos vinculados al juego clandestino y otras actividades ilícitas.
Las cuentas y billeteras virtuales quedaban bajo el control de los integrantes de la organización, quienes realizaban transferencias mediante billeteras digitales, terminales de pago y operaciones con criptoactivos.
Una de las operatorias analizadas por los investigadores habría movilizado alrededor de $27.000 millones en pocos meses, una cifra que encendió las alarmas durante el seguimiento de los movimientos financieros.
Nueve allanamientos y tres detenidos
En el marco de la causa, efectivos de la Policía Federal Argentina realizaron nueve allanamientos en distintos puntos de Buenos Aires y Córdoba.
Como resultado de los procedimientos, fueron detenidas tres personas, entre ellas una funcionaria del Patronato de Liberados bonaerense, según consta en la investigación.
Durante los operativos, los agentes secuestraron distintos elementos que serán analizados para determinar el funcionamiento de la presunta organización y establecer la participación de cada uno de los involucrados.
La investigación continúa
Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras los investigadores buscan determinar el alcance de la estructura y establecer si existen otras personas involucradas.
La causa también apunta a reconstruir el recorrido del dinero y determinar cuántas identidades pudieron haber sido utilizadas para realizar operaciones financieras.
La investigación permanece abierta y no se descarta que puedan producirse nuevas medidas judiciales a medida que avance el análisis de la documentación y de los dispositivos secuestrados.




















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