Un hecho de una gravedad institucional inusitada sacudió este mediodía al departamento judicial de San Martín, Buenos Aires. Un grupo comando integrado por 20 personas armadas con cuchillos irrumpió violentamente en el edificio de tribunales, tomó la mesa de entradas y amenazó de muerte al juez Nicolás Schiavo.
El ataque ocurrió en la sede de Pueyrredón y Cerrito, donde funcionan los Juzgados de Garantías. Según testigos, no se trató de una manifestación, sino de una represalia directa de una banda criminal vinculada al narcomenudeo. "Querían entrar a los despachos. Fue un hecho muy grave, hubo amenazas de muerte", revelaron fuentes judiciales.
Barricadas y pánico
La tensión fue extrema en la planta baja. Los agresores llegaron a los gritos, exhibiendo armas blancas y rompiendo vidrios. En la mesa de entradas había tres personas, entre ellas una mujer embarazada. Ante el avance de la turba, los empleados lograron improvisar una barricada con chapones para impedir que subieran al primer piso, donde se encontraba el magistrado.
Lo insólito es la vulnerabilidad del edificio: no tiene sistema de videovigilancia (ni adentro ni afuera) y la custodia policial resultó insuficiente para frenar el "copamiento".
El trasfondo narco
El ataque no fue al azar. En Tribunales vinculan a los agresores con la banda de Max Alí Alegre, alias "Alicho", un capo narco que disputa el territorio de la zona noroeste del conurbano contra el clan de "Mameluco" Villalba.
El juez Schiavo interviene en una causa iniciada el pasado 22 de enero, tras un allanamiento en Villa Maipú donde se secuestró un arsenal de guerra: una escopeta, una pistola 9mm, chalecos antibalas y municiones. Se cree que la banda intentaba reorganizarse para retomar el control de la venta de droga en la Villa Loyola y buscaban amedrentar a la Justicia para frenar la investigación.
El Colegio de Magistrados expresó su "enérgico repudio" y advirtió sobre el riesgo que corren los funcionarios judiciales ante el avance del narcotráfico y la falta de recursos de seguridad.
"No puedo tomarlo personal"
El juez remarcó que no se trata de una amenaza personal, sino de un problema que afecta a toda la Justicia: “No puedo especular, porque las autoridades ya están investigando. Tampoco me siento amenazado, porque es un problema institucional hacia la Justicia. Esto pasa todos los días. Ha pasado en otros departamentos judiciales. No hay que personalizar los problemas“.
Sin embargo, remarcó que “lo que pasó ayer fue grave”, y agregó: “Somos funcionarios públicos al servicio de la sociedad. No voy a hacer una queja de las condiciones edilicias, pero tenemos que tomarnos esto con mucha seriedad. Esto es institucionalmente grave cuando hay un atentado a una institución pública como sucedió”.
