La investigación penal por una presunta red de defraudaciones sumó una jornada clave en los tribunales capitalinos. La contadora Nora Isabel Villarroya y su socio, José Alberto Zanni, comparecieron a sede judicial para ser indagados por la fiscal Dra. Celia Mussi. Asistidos por sus abogados, Manuel Francisco Zavalía y Yasmín Julián, respectivamente, ambos optaron por abstenerse de declarar en una audiencia donde la Fiscalía expuso formalmente el entramado de maniobras que compone el expediente.
Durante la jornada, la Justicia notificó la imputación de Zanni como coautor de administración fraudulenta dentro del legajo judicial de la firma agropecuaria DEJDE S.R.L., causa iniciada por el empresario algodonero Fabián Edgardo Kassis. Tras la notificación de los cargos en este expediente, el profesional se retiró sin que la fiscalía fijara medidas restrictivas sobre su libertad, mientras que Villarroya afronta en forma paralela la acusación de otras cuatro víctimas.
El avance de las actuaciones lideradas por la fiscal Mussi sugiere que la compulsa del material secuestrado podría marcar el inicio de una fase más amplia en la instrucción. En ámbitos judiciales no se descarta que el entrecruzamiento de la documentación contable y los registros de trazabilidad abran nuevas líneas de indagación sobre eventuales participaciones secundarias, intermediaciones financieras o trámites notariales vinculados al circuito bajo sospecha.
Ante la complejidad que insume el análisis de las pruebas documentales y la posibilidad de que surjan nuevas actuaciones, las defensas optaron por un estricto pragmatismo procesal. El silencio en la audiencia indagatoria responde a una pausa táctica destinada a auditar el contenido de los legajos.
Con los actos formalizados y el trámite inicial cumplido, en los próximos días, la fiscalía deberá evaluar la prueba de cargo acumulada para resolver si formula el pedido de prisión preventiva sobre la principal imputada o si dispone nuevas medidas de restricción patrimonial.
Mientras tanto, en los pasillos de tribunales se coincide en que todavía resulta prematuro aguardar presentaciones de fondo o planteos de eximición por parte de las defensas técnicas, las cuales supeditarán cualquier movimiento procesal a la compulsa del legajo y al resultado de las primeras pericias.
El impacto de la megaestafa supera los $2.000 millones en pérdidas y deudas
La acumulación de denuncias que instruye la fiscal Celia Mussi dejó al descubierto un perjuicio económico global que supera holgadamente los $2.000 millones. El expediente reúne por el momento cinco legajos independientes presentados por empresarios, productores del rubro agropecuario y profesionales del medio local, cuyos testimonios permitieron reconstruir una metodología en serie que se habría sostenido de forma sistemática durante los últimos años.
El patrón en las distintas presentaciones expone la utilización de poderes especiales concedidos para la gestión contable. A partir de esos instrumentos, la imputada concretaba la tramitación de préstamos ante diversas entidades bancarias cuyos desembolsos no ingresaban a las firmas titulares sino que eran derivados a destinos no autorizados, sumado a la enajenación irregular de bienes inmuebles.
A esta mecánica se sumaba el manejo de las credenciales de banca electrónica y claves de token entre 2023 y 2026. Este acceso permitía la emisión masiva de echeqs y cheques físicos, registrándose libramientos de hasta papeles en legajos individuales por montos millonarios, además del traslado de maquinaria entre empresas del mismo circuito.
El impacto del accionar denunciado no solo se tradujo en el desfalco directo de fondos, sino también en el quebranto operativo de las víctimas. Varios de los damnificados debieron afrontar abultadas deudas impositivas ante ARCA y la intempestiva caída a la "situación 4" en la central de deudores del Banco Central por el corte en la cadena de pagos.
Los CPNs con realidades opuestas, entre la detención y la libertad
El trámite en el Ministerio Público Fiscal dejó planteada la hoja de ruta para la próxima etapa del proceso penal. Con Nora Villarroya alojada en la Comisaría de la Mujer y la Familia y José Zanni en libertad por su avanzada edad, las defensas técnicas condicionaron cualquier declaración futura a la compulsa previa del legajo, el cual ya supera los cinco cuerpos de actuaciones.
La estrategia defensiva buscará revisar de manera exhaustiva las cajas con pruebas incautadas durante el allanamiento concretado en el estudio contable.
El volumen documental abarca un registro crítico de balances, libros contables, remitos y recibos que la fiscalía busca ensamblar.
Hasta tanto no se complete la auditoría de la trazabilidad bancaria y la compulsa de los expedientes acumulados, las partes prefieren mantener una estricta cautela a la espera de las pericias solicitadas para fijar su estrategia.


















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