Los pasillos de los tribunales salteños fueron escenario de una audiencia que dejó sin palabras a fiscales y defensores. Un adolescente, declarado penalmente responsable por un intento de homicidio y lesiones graves, tenía todo servido en bandeja para abandonar la celda y acceder al beneficio de la prisión domiciliaria. Sin embargo, cuando la jueza le dio la palabra, el joven rechazó la oferta de plano.

El chico prefirió el encierro antes que una libertad a medias. Frente a la magistrada Tatiana Dip Torres, explicó que regresar a su barrio, para instalarse en la casa de un familiar, significaba tirar por la borda la oportunidad de forjarse un futuro. Según su propio crudo relato, volver a esas calles implicaba quedarse sin acceso a las herramientas educativas que hoy lo mantienen a flote.

Desde hace aproximadamente dos años, el menor pasa sus días alojado en el Instituto Especializado de Alojamiento Nº 1 (IEA 1) de la vecina provincia. Allí, lejos de la calle, encontró un refugio. Durante su exposición, detalló que el acompañamiento psicológico que recibe intramuros fue una pieza fundamental para lograr un cambio de mentalidad y enderezar su vida.

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Pero no solo se trata de terapia. En su tiempo de encierro, el joven completó una capacitación para trabajar como mozo y ya arrancó un nuevo curso para recibirse de bartender. El adolescente tiene su objetivo claro: quiere aprovechar el tiempo de condena para salir a la calle con un oficio real, que le permita ganarse el pan de manera honrada una vez que recupere la libertad total.

Ante semejante planteo de madurez, la magistrada le dio la derecha. Resolvió diferir la imposición definitiva de la pena por el plazo de un año para que el muchacho continúe formándose en el instituto, al tiempo que ordenó la elaboración urgente de un plan de egreso para garantizar que su futura reinserción social no quede trunca.