Una persecución callejera que terminó de la peor manera y una batalla en los tribunales que demandó casi dos décadas. En un fallo histórico, la Justicia condenó a un ex policía a pagar una indemnización millonaria tras asesinar a balazos a un joven completamente inocente que, minutos antes, había sido víctima de un asalto. El dramático episodio, que marcó a fuego a toda una familia, tuvo lugar en la localidad de San Martín, en la provincia de Buenos Aires.

Para entender el desenlace judicial, hay que retroceder hasta la mañana del 9 de enero de 2008. Aquel día, Emmanuel Damián Montero, de tan solo 25 años, se encontraba junto a su primo persiguiendo a un grupo de delincuentes que les acababan de robar una motocicleta.

En medio de la adrenalina y la desesperación por recuperar el rodado, entró en escena David Alfredo Escarlón, un agente de la Policía bonaerense. Lejos de comprender la situación, el uniformado desenfundó su arma reglamentaria y abrió fuego de manera letal. Una de esas balas impactó de lleno en el cuerpo de Emmanuel, terminando con su vida en el acto.

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La muerte del joven desencadenó una profunda investigación penal que destruyó la coartada del efectivo. La Justicia determinó que no se trató de un "acto de servicio" ni de legítima defensa, ya que había disparado contra las víctimas del robo, y condenó a Escarlón a ocho años de prisión efectiva por el delito de homicidio simple, sumándole diez años de inhabilitación especial para ejercer cualquier tipo de función policial.

Con esa sentencia firme, la familia de Emmanuel inició un largo camino en el fuero civil para exigir una reparación económica. Los reclamos se dividieron en dos expedientes: por un lado, el de la madre, la expareja y la hija del joven; y por el otro, el del padre.

Tras años de apelaciones, demoras procesales y planteos técnicos, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín tomó una decisión contundente. Los jueces entendieron que, frente a la depreciación de la moneda, los montos debían actualizarse, fijando una reparación total que supera la exorbitante cifra de 150 millones de pesos, a los que deberán sumarse los intereses acumulados desde el día del crimen.

Por cuestiones procesales, el Estado provincial y el ex policía deberán responder solidariamente frente a la demanda de la madre y la hija de la víctima; mientras que, en el caso del reclamo iniciado por el padre, la condena económica recaerá de manera exclusiva sobre las espaldas del exagente.