La Justicia de Comodoro Rivadavia, Chubut, resolvió extender por otros seis meses la prisión preventiva de Mariela Altamirano, madre de Ángel Nicolás López, y de Michel González, padrastro del niño, en el marco de la investigación por la muerte del pequeño, ocurrida el 5 de abril.

La medida fue dispuesta el martes 13 de octubre por el juez Martín Cosmandro, durante una audiencia de revisión en la que también se autorizó la ampliación del plazo de investigación. Según fuentes judiciales citadas por Infobae, la prisión preventiva se extenderá hasta el 13 de abril de 2027, salvo que una nueva audiencia modifique antes la situación procesal de los imputados.

Altamirano está imputada por homicidio agravado por el vínculo y por alevosía, mientras que González enfrenta cargos por homicidio simple agravado por alevosía. Ambos permanecen bajo prisión preventiva y conservan el estado de inocencia hasta que exista una sentencia firme.

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Una pericia pendiente y seis meses más de investigación

La Fiscalía y la querella solicitaron extender los plazos debido a que todavía está pendiente una nueva evaluación forense ante el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuyo inicio estaba previsto para el 21 de octubre.

El fiscal general Facundo Oribones explicó que el estudio fue solicitado por las propias defensas y que sus conclusiones podrían confirmar, modificar o requerir una revisión de la hipótesis acusatoria. Por ese motivo, la Fiscalía consideró necesario contar con seis meses adicionales para recibir y analizar el dictamen.

La querella, que representa al padre de Ángel, acompañó el pedido. Su abogado, Roberto Castillo, sostuvo que se trata de una investigación compleja, ya que busca reconstruir un hecho ocurrido en un ámbito privado y que tiene como víctima a un niño que no puede declarar.

Durante la audiencia, el representante de la acusación particular señaló que se tomaron más de 45 declaraciones testimoniales y que todavía deben analizarse distintas pruebas, entre ellas pericias sobre teléfonos secuestrados y estudios médicos.

Las defensoras de Altamirano y González no se opusieron a la ampliación de la investigación y remarcaron que la pericia pendiente había sido solicitada por sus representados.

Por qué seguirán detenidos

En otro tramo de la audiencia, la Fiscalía solicitó que ambos imputados continuaran bajo prisión preventiva. Oribones argumentó que persisten los riesgos procesales que motivaron la detención y sostuvo que el peligro de fuga se habría intensificado con el avance del expediente.

Entre los argumentos expuestos mencionó la presunta falta de arraigo de la pareja en Comodoro Rivadavia, la gravedad de los delitos atribuidos y la expectativa de una pena de cumplimiento efectivo en caso de una eventual condena.

La Fiscalía también planteó la necesidad de preservar las declaraciones de personas vinculadas al entorno de los acusados. La querella respaldó el pedido y mencionó presuntas conductas relacionadas con la eliminación de información de teléfonos y la quema de elementos que podrían tener relevancia para la investigación.

La defensa cuestionó algunos de esos argumentos y sostuvo que determinadas referencias a hechos anteriores no formarían parte del expediente. Las representantes legales de ambos imputados remarcaron que la prisión preventiva debe responder a riesgos procesales concretos y que la situación puede revisarse si aparecen nuevos elementos.

Al fundamentar su decisión, el juez Cosmandro consideró que el peligro de fuga tenía mayor peso que el riesgo de entorpecimiento de la investigación. Entre otros aspectos, valoró la falta de arraigo señalada durante la audiencia y la posibilidad de que los acusados se trasladaran a otros puntos del país.

Qué se sabe sobre la muerte de Ángel López

La investigación busca esclarecer las circunstancias de la muerte de Ángel Nicolás López, de cuatro años, ocurrida el 5 de abril.

De acuerdo con los informes forenses mencionados en el expediente, el niño presentaba múltiples traumatismos craneoencefálicos y una infección pulmonar. La autopsia estableció como causa de muerte un daño cerebral por hipoxia.

La Fiscalía sostiene que el fallecimiento se habría producido en un contexto de presunto maltrato y abandono. Esas circunstancias forman parte de la hipótesis que deberá ser evaluada durante el proceso judicial.

El pedido de la madre al finalizar la audiencia

Antes del cierre de la audiencia, Mariela Altamirano pidió recibir tratamiento psicológico y manifestó dificultades para mantener contacto con su hija de un año, quien se encuentra al cuidado de familiares.

Según expresó ante el juez, puede ver a la niña dos veces por semana durante una hora y considera que la comunicación es insuficiente.

“Necesito un tratamiento psicológico”, manifestó. Además, solicitó autorización para utilizar un teléfono con acceso a redes sociales desde la cárcel, con el objetivo de realizar gestiones vinculadas con transferencias y recursos destinados a su hija.

“Estoy casi sin comunicación”, afirmó Altamirano.

El juez indicó que el planteo deberá ser canalizado por su defensa ante el magistrado competente para resolver ese tipo de solicitudes.

Mientras tanto, la investigación continuará con la pericia forense pendiente y las demás medidas probatorias previstas, en una causa que todavía debe determinar las responsabilidades penales por la muerte del niño.