Una mujer denunció a una compañera de trabajo por el presunto robo de su billetera y por haber utilizado posteriormente sus tarjetas de crédito y débito para realizar distintas compras en San Miguel de Tucumán.

La investigación se inició por un hecho ocurrido el 18 de septiembre, alrededor de las 10.30, en el Complejo Ledesma, ubicado en la intersección de 25 de Mayo y avenida Sarmiento.

Según la acusación fiscal, la sospechosa, una abogada de 43 años que trabaja en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, habría ingresado al edificio con el argumento de solicitar una entrevista con el director del área. En ese contexto, habría aprovechado un descuido para apoderarse de una billetera que se encontraba dentro de una mochila.

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En el interior había documentación personal, dinero en efectivo y tarjetas bancarias. Con posterioridad, la víctima detectó consumos que no había realizado y la investigación comenzó a reconstruir el recorrido de los plásticos.

Hasta el momento fueron identificadas operaciones por $143.222,25. Entre ellas figuran consumos por $49.066,71 y $20.550, además de una compra de $23.000 en un comercio gastronómico y otra de $50.605,54 en una farmacia.

La encontraron con las tarjetas

La aprehensión se produjo en las inmediaciones de avenida Sarmiento y calle España, luego de que transeúntes alertaran a la Policía sobre una aprehensión civil.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, entrevistaron a la víctima, quien señaló a la mujer retenida como la compañera de trabajo a la que atribuía el robo de la billetera y el posterior uso de sus tarjetas.

Durante el palpado preventivo, los agentes encontraron entre las pertenencias de la sospechosa los plásticos pertenecientes a la denunciante. La mujer fue trasladada a la Comisaría Seccional Quinta.

Además de las tarjetas, por disposición de la Fiscalía se secuestraron una cartera y un teléfono celular, elementos que quedaron incorporados a la investigación.

Arresto domiciliario

El expediente quedó en manos de la Unidad Fiscal de Estafa, Usurpación y Cibercriminalidad del Centro Judicial Capital.

Durante una audiencia, la Fiscalía solicitó una medida cautelar de 30 días para avanzar con las medidas de investigación pendientes. El juez interviniente hizo lugar al plazo requerido, aunque dispuso que la imputada cumpla la medida bajo la modalidad de arresto domiciliario.

Ahora los investigadores buscan reconstruir el recorrido de las tarjetas, determinar si existieron otros consumos y reunir registros de cámaras de seguridad, comprobantes y demás elementos que permitan esclarecer el hecho y establecer las responsabilidades correspondientes.