Un importante operativo encabezado por la Policía Federal Argentina (PFA) permitió avanzar en una investigación por presunto fraude tributario que habría provocado un perjuicio de aproximadamente 10 millones de dólares al Estado nacional. El procedimiento, denominado “Retenciones Fantasma”, incluyó 85 allanamientos en diferentes puntos del país, entre ellos la ciudad Capital de Santiago del Estero.
Las medidas fueron ejecutadas por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional, en el marco de una causa que busca esclarecer presuntas irregularidades vinculadas con operaciones de compraventa de granos y la utilización indebida de beneficios fiscales.
Como resultado de los procedimientos, fueron detenidas 23 personas y se incautaron vehículos, teléfonos celulares, computadoras, documentación y distintas sumas de dinero.
Cómo funcionaba la presunta maniobra tributaria
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA-DGI), que detectó a 59 contribuyentes presuntamente relacionados con operaciones irregulares en el sector agropecuario.
Según la hipótesis investigativa, los involucrados habrían simulado transacciones comerciales de granos con el propósito de registrar retenciones ficticias en el Sistema de Control de Retenciones (SICORE) y, posteriormente, obtener reintegros indebidos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Las maniobras bajo análisis habrían generado un perjuicio económico estimado en US$ 10 millones. No obstante, se trata de hechos investigados judicialmente y la responsabilidad de los imputados deberá determinarse en el proceso correspondiente.
Para reconstruir el funcionamiento de la presunta operatoria, los investigadores realizaron tareas de campo, analizaron información disponible y utilizaron herramientas de inteligencia de fuentes abiertas, conocidas como OSINT. Estas diligencias permitieron identificar a personas físicas y jurídicas que estarían vinculadas con las operaciones cuestionadas.
Los allanamientos incluyeron a Santiago del Estero
Con los elementos reunidos durante la pesquisa, el juez Gustavo Darío Meirovich, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 2, ordenó el registro de 85 domicilios distribuidos en distintas provincias y jurisdicciones.
Los procedimientos se concretaron en Rosario y el departamento General López, en Santa Fe; Villaguay, en Entre Ríos; la ciudad Capital de Santiago del Estero; la Capital de Córdoba; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el partido bonaerense de Escobar.
La causa cuenta con la intervención de la Secretaría N.º 4 del juzgado y de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N.º 7. Los allanamientos tuvieron como finalidad reunir pruebas relevantes para la investigación y concretar las detenciones dispuestas por la Justicia.
Qué secuestraron durante los procedimientos
Durante los operativos, las fuerzas federales detuvieron a 23 personas, todas de nacionalidad argentina y mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente.
Además, los efectivos incautaron diez vehículos, 55 teléfonos celulares, 15 notebooks, 13 computadoras, tres tablets, tres netbooks, tres dispositivos de almacenamiento externo y dos gabinetes informáticos. También se secuestró documentación considerada de interés para la causa.
En cuanto al dinero encontrado, el detalle informado fue el siguiente:
15.433.100 pesos argentinos.
78.205 dólares estadounidenses.
7.715 euros.
1.000 pesos chilenos.
Asimismo, se incautaron una licencia de conducir y un Documento Nacional de Identidad.
La causa continúa bajo investigación judicial
Los imputados quedaron a disposición del magistrado que interviene en el expediente, en el marco de una investigación por presuntas infracciones al Régimen Penal Tributario y otros delitos contemplados en la Ley 27.430 y el Código Penal de la Nación.
El avance de la causa permitirá determinar el grado de participación de cada uno de los investigados y establecer el alcance de las presuntas irregularidades fiscales detectadas por los organismos de control.
Desde la Policía Federal Argentina recordaron que la ciudadanía puede aportar información sobre posibles delitos federales a través de sus canales oficiales de denuncia, disponibles durante las 24 horas.


















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