A poco más de una semana del comienzo del juicio por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz, la nueva defensa de “Pity” Álvarez puso sobre la mesa un planteo que podría modificar el rumbo del proceso: que el músico sea juzgado por un jurado popular.
Los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro, quienes asumieron recientemente la representación de Álvarez, anticiparon que analizan recurrir a distintas instancias judiciales para cuestionar el modo en que se desarrolla el juicio.
La posibilidad de un jurado popular abrió una discusión jurídica debido a que el homicidio de Díaz ocurrió en Villa Lugano, dentro de la Ciudad de Buenos Aires, pero la causa tramita ante la Justicia Nacional.
El crimen ocurrió en 2018 y el expediente fue elevado a juicio oral en noviembre de ese año. Sin embargo, el caso no quedó bajo la órbita de la Justicia porteña.
La diferencia es importante porque la Ciudad de Buenos Aires cuenta desde 2021 con una ley que establece el juicio por jurados para determinados delitos, mientras que la Justicia Nacional todavía no tiene implementado ese sistema.
Actualmente, Álvarez es juzgado por tres magistrados del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29, perteneciente a la Justicia Nacional.
El abogado y especialista en Derecho Constitucional Leandro Halperín, autor del proyecto que dio origen a la Ley de Juicio por Jurados de CABA, explicó que el traspaso de competencias penales de la Nación a la Ciudad se produjo de manera parcial.
“Robos, hurtos, secuestros y homicidios todavía permanecen en la órbita nacional”, explicó el especialista.
Por eso, aunque el asesinato ocurrió en territorio porteño, el expediente continúa bajo jurisdicción nacional.
La nueva defensa considera que esa situación puede ser discutida. Sebastián Queijeiro cuestionó que el acceso a un jurado dependa de la jurisdicción que intervenga en cada caso.
El abogado planteó una pregunta central: “¿Por qué una persona que comete un delito en la Ciudad puede tener un juicio por jurados y otra no?”
Baños y Queijeiro también señalaron que la Constitución Nacional contempla el juicio por jurados, aunque el Congreso todavía no reglamentó un sistema de este tipo para los tribunales nacionales.
Desde esa perspectiva, sostienen que existe una discusión constitucional que podría llevar el reclamo a distintas instancias judiciales.
Incluso, los abogados anticiparon que están dispuestos a avanzar hasta tribunales superiores si el planteo es rechazado.
Halperín explicó que el juicio por jurados está contemplado en la Constitución Nacional desde hace décadas y consideró que existe una deuda legislativa por la falta de reglamentación del sistema en el ámbito nacional.
“La Constitución es muy clara desde 1853 hasta ahora. Todos los conflictos criminales tienen que determinarse bajo la modalidad de juicio por jurados”, sostuvo.
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La principal dificultad está relacionada con la jurisdicción. El caso de Álvarez pertenece actualmente a la Justicia Nacional y el sistema de jurados de CABA se aplica a los delitos que son competencia de los tribunales porteños.
Otro de los obstáculos que enfrenta la defensa es el momento en que aparece el reclamo.
El expediente fue elevado a juicio oral en 2018, casi tres años antes de que la Ciudad sancionara su ley de juicio por jurados. Además, el debate oral ya comenzó.
Fuentes judiciales consultadas consideraron que este punto podría ser determinante para rechazar el pedido, ya que las cuestiones vinculadas con la competencia del tribunal deben plantearse en etapas anteriores del proceso.
Desde esa mirada, un eventual pedido para apartar al tribunal que actualmente juzga a Álvarez y trasladar el expediente a la Justicia porteña tendría pocas posibilidades de prosperar.
Halperín, en tanto, sostuvo que las fechas pueden influir en la decisión, aunque remarcó que cualquier planteo debe ser analizado por un juez.
“No es que todo en Derecho es posible, pero todo puede ser planteado. Después el juez tiene que resolver”, explicó.
Si los abogados de Álvarez formalizan el pedido y reciben una respuesta negativa, todavía podrían recurrir a otras instancias judiciales.
Según explicó Halperín, la discusión podría llegar eventualmente al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y, dependiendo del camino procesal, incluso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Por ahora, el músico continúa siendo juzgado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 por el crimen de Cristian Díaz.
El planteo de su nueva defensa, sin embargo, abrió una discusión que excede el caso particular: qué ocurre cuando un delito sucede en territorio porteño, pero es juzgado por la Justicia Nacional, y qué alcance tiene el derecho constitucional al juicio por jurados cuando ese sistema no está reglamentado a nivel nacional.
La respuesta dependerá de los tribunales que intervengan y de si la defensa finalmente formaliza el pedido. Mientras tanto, el juicio contra Pity Álvarez continúa bajo el esquema actual.

















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