El reloj de la Justicia tiene sus propios tiempos, y para un mecánico del conurbano bonaerense, las agujas tardaron más de una década en dar la hora. Lo que comenzó como un doloroso accidente de tránsito en el invierno de 2014, recién encontró su resolución definitiva en los últimos días, cuando un fallo judicial ordenó indemnizar a un hombre que sufrió el aplastamiento de su pie bajo las ruedas de un colectivo de la línea 306 en Esteban Echeverría.
El siniestro ocurrió durante la siesta del 24 de junio de 2014. La víctima se encontraba apostada sobre una banquina en la localidad de 9 de Abril, a escasos metros de la gomería de su padre. Estaba abocado al cambio de un neumático de una camioneta cuando la unidad de transporte público invadió sorpresivamente el sector y le pasó por encima del pie derecho con la rueda trasera.
Tras el hecho, el trabajador inició una demanda civil por daños y perjuicios contra la empresa de colectivos y su respectiva aseguradora. En su defensa, la firma de transporte ensayó una versión diametralmente opuesta en los tribunales. Según su planteo, el conductor no lo había atropellado, sino que escuchó un ruido y observó por el espejo retrovisor que el criquet que sostenía la camioneta había cedido, provocando la lesión por cuenta propia.
Sin embargo, la estrategia legal se desmoronó por completo durante el debate. Un testigo presencial, dueño de un taller mecánico de la zona, declaró haber visto el momento exacto en el que el colectivo le pisaba el pie al damnificado. La jueza María Gabriela Fernández Zurita consideró que este relato era coherente, contundente y derribó las excusas de la empresa, que no logró aportar ni una sola prueba firme para eximirse de la responsabilidad en el siniestro.
Finalmente, la magistrada firmó la sentencia y condenó a la compañía, al chofer y a la aseguradora a pagar una suma de $2.010.000. El monto se fijó puntualmente en concepto de daño moral y gastos de farmacia, ya que las pericias médicas descartaron que el hombre presentara secuelas físicas o psicológicas permanentes. Aunque la cifra base corresponde a valores históricos, la Justicia ordenó que se abonen intereses del 8% anual calculados desde el día exacto del accidente, cerrando así un agotador litigio de 12 años de espera.


















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