Un caso que genera conmoción y fuertes cuestionamientos en El Salvador tiene como protagonista a una bebé que nació dentro de la Granja Penitenciaria de Izalco y que actualmente enfrenta un delicado cuadro de salud tras haber sido diagnosticada con tuberculosis.
La niña permanece detenida junto a su madre, Mónica R., quien fue arrestada en 2022 cuando cursaba un embarazo de tres meses. Según denunció públicamente la familia, la mujer no tenía antecedentes penales ni condena firme al momento de su captura.
La abuela de la menor, identificada como Victoria, pidió públicamente la liberación tanto de su hija como de la pequeña y aseguró que la bebé jamás conoció la libertad desde su nacimiento.
De acuerdo con el relato familiar, la niña comenzó a presentar síntomas como fiebre, vómitos y tos seca, por lo que debió ser trasladada al Hospital Mazzini de Sonsonate, donde finalmente fue diagnosticada con tuberculosis.
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Fue durante esa internación cuando la abuela pudo verla por primera vez. Según trascendió, tras recibir atención médica, ambas fueron regresadas nuevamente al establecimiento penitenciario bajo custodia.
La familia sostiene que Mónica R. presentó documentación médica que acreditaba su embarazo al momento de la detención, aunque igualmente fue enviada a prisión. Desde entonces, aseguran que tuvo que criar a su hija en condiciones precarias y con escaso acceso a atención médica, productos de higiene y contacto familiar.
El caso tomó mayor repercusión luego de que organismos internacionales cuestionaran las políticas penitenciarias implementadas bajo el régimen de excepción vigente en el país.
Con las reformas aplicadas en 2025, el gobierno salvadoreño habilitó que madres privadas de libertad puedan convivir con sus hijos dentro de las cárceles. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos advirtieron sobre las consecuencias de estas medidas en menores de edad.
En ese contexto, Human Rights Watch señaló que miles de menores fueron detenidos desde el inicio del régimen de excepción y alertó sobre posibles violaciones a los derechos humanos vinculadas a las condiciones de encierro.