Una adolescente de apenas 13 años fue víctima de una situación de trata de personas luego de ser entregada a una familia para contraer matrimonio con un joven de 20 años. La Justicia determinó que, posteriormente, fue sometida a distintas formas de explotación y condenó a tres integrantes del grupo familiar.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas a 10 años de prisión contra Isabel Cristo, Alberto Cristo y su hijo Franco, quienes fueron considerados responsables de la captación, el traslado y la explotación de la menor.

Además, quedó firme una reparación económica de $75 millones destinada a la víctima.

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Una unión que terminó en una situación de explotación

El caso comenzó entre marzo y abril de 2022 en Neuquén, cuando la adolescente tenía 13 años.

Según se estableció durante la investigación, fue entregada a la familia Cristo para concretar una unión con Franco Cristo, que tenía 20 años. A cambio, los padres de la menor habrían recibido $825.000 en concepto de dote matrimonial.

Después de la unión, la adolescente fue trasladada a Santa Fe, donde comenzó a convivir con el joven y sus padres.

Sin embargo, la investigación judicial determinó que detrás de aquella situación existía un contexto de sometimiento y explotación, por lo que los hechos fueron encuadrados dentro del delito de trata de personas.

Sometimiento y distintos tipos de explotación

Durante el período que permaneció junto a la familia, la adolescente habría sido obligada a realizar tareas domésticas y actividades laborales, entre ellas venta ambulante.

De acuerdo con las pruebas incorporadas al expediente, debía entregar el dinero que obtenía y permanecía bajo un sistema de control y violencia.

La Justicia también acreditó que sufrió violencia física y psicológica, además de haber sido sometida sexualmente dentro de aquella relación.

Como consecuencia de esa situación, atravesó un embarazo que terminó en un aborto espontáneo y posteriormente tuvo un hijo cuando todavía era menor de edad.

El episodio que permitió rescatarla

La situación volvió a quedar expuesta en abril de 2025, cuando la familia intentó trasladar nuevamente a la adolescente.

El episodio ocurrió en Caucete, San Juan, mientras intentaban llevarla hacia Santa Fe. Un testigo advirtió lo que estaba sucediendo y decidió comunicarse con el 911.

La intervención policial permitió impedir el traslado y rescatar a la adolescente.

A partir de ese momento, la investigación federal profundizó en los hechos ocurridos desde que la menor había sido entregada a la familia cuando tenía 13 años.

Finalmente, la Justicia confirmó las condenas contra los tres integrantes de la familia y dejó firme la reparación económica destinada a la víctima, cerrando una causa que permitió reconstruir años de sometimiento y explotación.