Una sucesión de resoluciones dictadas en el Fuero de Control y Garantías de La Banda encendió luces de alarma en torno de causas vinculadas con el narcomenudeo. En apenas unas semanas, cinco expedientes terminaron con imputados en libertad o con procedimientos policiales declarados nulos, decisiones que fueron cuestionadas por el Ministerio Público Fiscal y que ahora deberán pasar por el filtro de la Cámara de Apelaciones.
No se trata ya de una resolución aislada. La reiteración de decisiones adoptadas por los jueces de Control y Garantías Roxana Menini y Gino Niccolai configura un escenario que genera preocupación entre quienes tienen a su cargo la persecución penal del comercio minorista de drogas.
En algunos casos, los magistrados entendieron que existieron irregularidades capaces de invalidar procedimientos policiales completos. En otros, consideraron que no estaban reunidos los presupuestos necesarios para prolongar las prisiones preventivas.
La Fiscalía piensa exactamente lo contrario. Por eso apeló las resoluciones y trasladó la discusión a la Cámara.
Cocaína, marihuana y un procedimiento anulado
Uno de los casos que abrió la controversia tuvo como protagonista a Eduardo Benjamín Bracamonte, de 18 años.
El joven fue interceptado durante un procedimiento preventivo iniciado cuando policías intentaron identificar a un grupo de personas que se encontraba en una esquina y cuyos integrantes, según consta en las actuaciones, emprendieron la fuga.
Los uniformados lograron interceptar a tres jóvenes —dos de ellos menores— y advirtieron que Bracamonte tendría entre sus pertenencias envoltorios sospechosos. A partir de allí se dio intervención a Drogas Peligrosas y al fiscal de turno.
El resultado del procedimiento no fue menor: 35 dosis de cocaína, con un peso de 3,15 gramos; 13 envoltorios de marihuana, con 5,59 gramos; dinero en efectivo y un teléfono celular, según las actuaciones.
Sin embargo, la discusión judicial no quedó centrada en lo encontrado sino en cómo había actuado la Policía para llegar hasta ese secuestro.
La jueza de Control y Garantías Roxana Menini declaró la nulidad absoluta del procedimiento y, en consecuencia, dejó sin efecto procesal la actuación policial.
La Fiscalía, que había solicitado legalizar la aprehensión y convertirla en detención, apeló la decisión. Será la instancia superior la que deberá determinar ahora si existieron razones constitucionales y procesales suficientes para fulminar de nulidad el procedimiento o si, como sostiene la acusación, la actuación policial estuvo justificada por las circunstancias.
Otro procedimiento, otras 18 dosis y otra nulidad
El segundo episodio ocurrió durante la madrugada del 9 de julio de 2026.
En medio de un patrullaje preventivo por calles de La Banda, efectivos policiales interceptaron a José Wenceslao Reynoso. De acuerdo con la causa, durante el procedimiento fueron secuestrados 18 envoltorios con cocaína, con un peso total de 2,02 gramos, $11.300 y un teléfono celular.
Pero nuevamente el hallazgo de la droga quedó desplazado por la discusión acerca de la legalidad del procedimiento.
El juez de Control y Garantías Gino Niccolai declaró la nulidad absoluta de lo actuado. Invalidó tanto el acta policial como el secuestro de la sustancia al considerar que se había producido una intromisión indebida.
La Fiscalía tampoco consintió esa decisión y presentó un recurso para intentar revertirla.
De esta manera, la Cámara deberá pronunciarse sobre una cuestión que excede los nombres de los imputados: hasta dónde puede avanzar la Policía durante los procedimientos preventivos en la vía pública y cuándo esa intervención vulnera garantías constitucionales al punto de tornar inválida toda la prueba obtenida.
Una investigación por presunta venta de drogas
La controversia se profundizó con el expediente seguido contra Ornella Soledad Guallama, imputada por presunta comercialización de estupefacientes.
Guallama se encontraba cumpliendo prisión preventiva domiciliaria. Al acercarse el vencimiento del plazo, el Ministerio Público Fiscal solicitó una prórroga.
Para fundamentar el pedido, los investigadores señalaron que aún existían medidas consideradas relevantes, entre ellas pericias sobre mensajería digital realizadas por el área de Ciberseguridad, vinculadas —según la hipótesis fiscal— con la presunta comercialización de drogas.
La acusación también planteó la existencia de riesgos procesales y la posibilidad de entorpecimiento de la investigación respecto de testigos del barrio.
Niccolai rechazó el planteo.
El magistrado consideró que no existía la complejidad invocada para justificar la prolongación de la medida cautelar y dispuso el cese de la prisión preventiva, otorgando la libertad bajo fianza y reglas de conducta.
La Fiscalía volvió a apelar.
Ahora será la Cámara la que deberá establecer si los elementos presentados por el Ministerio Público eran suficientes para mantener la medida cautelar o si la decisión del juez de liberar a la imputada estuvo ajustada a derecho.
Causas camino al juicio, pero imputados en libertad
Otros dos expedientes terminaron alimentando la misma discusión.
En la causa seguida contra Lorenzo Rocha y René Rocha, el Ministerio Fiscal solicitó la prórroga de la prisión preventiva. Niccolai rechazó el pedido y los imputados recuperaron la libertad.
La decisión fue apelada y deberá ser revisada próximamente por la Cámara.
Una situación similar se produjo respecto de Luis Hugo Arce, a quien el mismo magistrado concedió la libertad. También en este caso el Ministerio Público Fiscal cuestionó la resolución y llevó la discusión ante el tribunal de alzada.
Existe un elemento adicional que aumenta la tensión alrededor de estos dos expedientes: ambas causas ya cuentan con requerimiento de elevación a juicio.
Es decir, la discusión no gira solamente alrededor de investigaciones que se encuentran dando sus primeros pasos, sino también sobre expedientes en los cuales la acusación considera concluida la etapa investigativa y pretende llevar a los imputados ante un tribunal.
Cinco expedientes y una discusión que ya excede cada causa
El denominador común comienza a adquirir relevancia institucional.
En un período reducido se produjeron decisiones favorables a imputados en cinco causas relacionadas con estupefacientes, ya sea mediante nulidades de procedimientos o por el rechazo de pedidos fiscales destinados a mantener prisiones preventivas.
Naturalmente, una resolución que dispone una libertad o declara una nulidad no implica por sí misma indulgencia frente al narcotráfico. Los jueces tienen precisamente la obligación constitucional de controlar la legalidad de los procedimientos policiales y los límites de las medidas de coerción.
Pero cuando decisiones de características similares comienzan a reiterarse y son sistemáticamente cuestionadas por el Ministerio Público Fiscal, la discusión deja de agotarse en cada expediente particular.
Surge entonces una pregunta inevitable: ¿estamos frente a errores o excesos de la Policía y la Fiscalía que los jueces están corrigiendo, o ante una interpretación judicial excesivamente restrictiva que termina debilitando investigaciones de narcomenudeo?
Esa respuesta ya no estará exclusivamente en manos de los jueces de Control y Garantías de La Banda.
La Cámara tendrá la última palabra
Los recursos presentados colocarán ahora a la Cámara de Apelaciones de la Justicia Penal frente a una definición trascendente.
Los camaristas deberán revisar cada expediente en particular y determinar si las nulidades estuvieron correctamente declaradas, si las libertades concedidas respetaron las exigencias legales y si los argumentos utilizados por la Fiscalía alcanzaban para sostener las medidas solicitadas.
No será una discusión menor.
Detrás de los nombres de Bracamonte, Reynoso, Guallama, Rocha y Arce aparece una cuestión de fondo que puede marcar el rumbo de futuras investigaciones: qué margen tendrá la Policía para intervenir ante situaciones sospechosas en la calle, qué exigencias deberán cumplir los fiscales para sostener una prisión preventiva y dónde establecerá la Justicia el límite entre eficacia investigativa y garantías constitucionales.
En la lucha contra el narcomenudeo, perseguir el delito no habilita a vulnerar garantías. Pero el respeto de esas garantías tampoco puede convertirse en una fórmula automática que vuelva imposible investigar.
La Cámara deberá establecer de qué lado de esa delicada frontera quedaron estas cinco causas. Y sus resoluciones serán observadas con especial atención.



















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