El Defensor del Pueblo de la Provincia y presidente de ADPRA, Dr. Lionel Enrique Suárez, visitó los estudios de Radio LV11 donde participó del ciclo Actualidad Política.
Allí expresó: “La Defensoría del Pueblo viene trabajando con el tema de planes de ahorro desde el 2019, donde conseguimos una medida cautelar que se mantiene vigente a la fecha, una medida cautelar que ha permitido que más de 5 mil familias santiagueñas mantuvieran la vigencia de ese plan de ahorro”.
“Hace diez días estuvimos reunidos autoridades de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina con las autoridades de la Inspección General de la Justicia (IGJ) que recordemos que es la institución que avala y certifica los contratos prendarios que son objetos de los planes de autoahorro. A requerimiento de las Defensorías del Pueblo que estuvimos presente, instamos a que ese organismo nacional transparente la fórmula de determinación del valor móvil”.
“Instamos a que se cumpla con la entrega de los vehículos, que se posibilite a los ahorristas a acceder al cambio de las unidades por una unidad de menor valor sin que eso signifique un perjuicio hacia los intereses del ahorrista”.
¿Que pasa con las personas que cancelaron un plan de ahorro?
“Tiene una muy particular resolución que sacó la IGJ, que establece incluso al día de la fecha, la obligatoriedad para todas las administradoras de planes de ahorro que de carácter previo a iniciar cualquier acción judicial, tengan que pasar por la etapa de conciliación obligatoria, para que sea el ahorrista el que tenga la posibilidad de poder negociar la forma de continuar con el plan o de llegarse con la cancelación y de hacerse, en todo caso, de los ahorros que ha venido acumulando en ese particular plan”.
¿La Justicia es la que da la orden definitiva?
"Por un lado tenemos las actuaciones judiciales de cada una de las jurisdicciones, y ahí es donde el federalismo comienza a ser una traba en la ejecución de los planes de ahorro, existe el reclamo que hicimos nosotros los defensores a la IGJ, que como autoridad de aplicación de los planes de ahorro, sea la que intime a las administradores de planes de ahorro precisamente a la entrega de estas unidades que han sido suscriptas con estas características. De todas maneras el compromiso asumido por la IGJ es citar a una audiencia, no solamente a las administradoras, sino también a la Secretaria de Comercio Interior”.
“Hay otras circunstancias que agravan la situación, que tiene que ver con el lugar de cumplimiento de la obligación, que hasta el momento, las administradoras de planes de ahorro tienen en estos contratos prendarios, tienen como domicilio de cumplimiento la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y esa situación está en franca violación a lo que es la Ley de Defensa al Consumidor, con lo cual se ha instado a que el organismo nacional competente (IGJ) deje de avalar el incumplimiento de la ley y se posibilite que el domicilio donde deba realizarse la acción judicial sea en el domicilio del que ha suscripto el plan de ahorro”.
