Uno de los abogados del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es el encargado de la estrategia legal argentina en el juicio que enfrenta el Estado por la expropiación de YPF. Se llama Robert Joseph Giuffra Jr., es el Co-Chair (co-titular) del estudio Sullivan & Cromwell y cobra más de 1.500 dólares por cada hora que le dedica al caso, que se los factura periódicamente a la Procuración del Tesoro de la Nación.
Según reportaron Bloomberg y el Wall Street Journal, Bob Giuffra Jr. y su equipo fueron contratados por Trump para apelar su condena penal por ocultar un pago de US$ 130.000 a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels, publica Clarín.
Ex abogado de las automotrices Volkswagen, Audi y Fiat, Giuffra también trabajó con Tenaris -del grupo Techint- y fue asesor de la Corte Suprema estadounidense antes de ser . el intermediario entre el presidente norteamericano y el bufete de abogados de Paul Weiss.
El co-titular de Sullivan & Cromwell es la cara visible del equipo jurídico que representa a la República Argentina en Nueva York y firma los escritos que exponen los argumentos legales de las autoridades en el juicio que inició el fondo Burford Capital. Junto con él trabajan, entre otros, Thomas White, Sergio Galvis y Amanda Flug Davidoff.
El abogado cercano a Preska y a Trump
Quienes trataron con Giuffra Jr. lo describen como "un tipo inquieto" y le escucharon decir varias veces que es cercano a la jueza Loretta Preska, que sucedió a Thomas Griesa en el Distrito Sur neoyorquino. "No sirvió de mucho", lamenta una fuente, en estricto off the record.
Es en ese juzgado donde se tomaron todos los casos de las últimas dos décadas vinculados a los sucesivos defaults de la deuda desde 2001 y las expropiaciones de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
Tal vez por esa cercanía que declamaba, Sullivan & Cromwell fue contratado por el Estado para su defensa en el caso del Cupón PBI, donde se acusaba a la Argentina de alterar las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) de crecimiento económico en 2013 para no disparar el pago extra de intereses. Luego, en 2020 la República lo contrató para el caso de la estatización de YPF.
Su perfil profesional que está disponible en la web del estudio indica que Giuffra Jr. "representa a la República Argentina en litigios interpuestos por varios fondos de cobertura relacionados con valores vinculados al PBI que la República emitió en 2005 y 2010. El tribunal desestimó el primer caso presentado en enero de 2020". Nada dice sobre el caso YPF, donde su estrategia no tuvo resultados hasta el momento.
De acuerdo a lo que averiguó Clarín, los honorarios que cobraba el estudio en junio de 2024 eran de entre 361 y 1.796 dólares por hora dedicada al caso. El socio principal, Giuffra Jr., factura casi US$ 1.800 por hora.
Cuánto cobran los abogados de Argentina:
Esta es la tabla de honorarios actualizada a 2024 de Sullivan & Cromwell, que representa a la Argentina en el caso por la expropiación de YPF:
- Socio principal: 1.798 dólares por hora.
- Socio con 7 años: US$ 1.673.
- Asesor legal especial segundo año: US$ 1.488.
- Asesor legal especial primer año: US$ 1.339.
- Asociado con 6 años: US$ 1.186.
- Asociado con 5 años: US$ 1.160.
- Asociado con 4 años: US$ 1.114.
- Asociado con 3 años: US$ 1.024,00.
- Abogado visitante: US$ 659.
- Asociado de verano: US$ 531.
- Paralegal Nivel 4: US$ 531.
- Electronic Discovery Nivel 3: US$ 502.
- Bibliotecario de Investigación: US$ 493.
- Paralegal Nivel 2: US$ 361
Previamente, en 2021 el Gobierno argentino había aprobado mediante la Resolución 551 del Ministerio de Economía los honorarios del estudio. Desde entonces -cuando el socio principal cobraba 1.560 dólares la hora- y en un período de tres años, el costo subió alrededor de 15% en dólares.
La Argentina está condenada a pagar US$ 16.100 millones más intereses que corren a razón de US$ 2,5 millones por día (y ya acumulan más de US$ 1.500 millones desde septiembre de 2023, cuando Preska emitió el fallo de fondo) por la estatización de YPF.
El Estado apeló ese fallo y también apelará la reciente decisión de Preska de ordenar pagar con el 51% de las acciones, ya que el Gobierno se negó a poner una garantía.
Por otro carril, Burford Capital, que compró por 17 millones de dólares los derechos de litigio tras la quiebra Petersen Energía, Petersen Energía Inversora (de la familia Eskenazi) y Eton Park, busca negociar extrajudicialmente con el Gobierno, pero nadie les abre las puertas.
Fuente: Clarín
