El Gobierno nacional oficializó un nuevo régimen que permite a ciudadanos extranjeros obtener la ciudadanía argentina sin cumplir con el requisito de residencia, siempre que realicen inversiones consideradas “relevantes” por el Ejecutivo. La medida, publicada este jueves en el Boletín Oficial mediante el Decreto 524/2025, apunta a fomentar el ingreso de capitales extranjeros al país, pero ya generó preocupaciones por su posible uso discrecional.
Según lo establecido, quienes quieran acceder a este beneficio deberán presentar su solicitud ante la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, un organismo descentralizado creado previamente por el Decreto 366/2025, y que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Economía. Este ministerio, a su vez, será el encargado exclusivo de definir qué inversiones califican como “relevantes” para que se habilite el trámite.
Una vez iniciada la gestión, la Agencia deberá coordinar requerimientos de informes a organismos de inteligencia y control, como la SIDE, el Ministerio de Seguridad, la Unidad de Información Financiera, el RENAPER y el Registro Nacional de Reincidencia. El propósito de estos controles, según lo dispuesto en la normativa, es evitar que el otorgamiento de la ciudadanía pueda representar un riesgo para la seguridad nacional.
Con los informes recopilados, la Agencia elaborará una recomendación dirigida a la Dirección Nacional de Migraciones, que tendrá un plazo de 30 días hábiles para otorgar o denegar la ciudadanía solicitada.
Además, quienes obtengan la nacionalidad bajo este régimen podrán tramitar su CUIT de forma automática ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), lo que les permitirá integrarse de manera inmediata al sistema fiscal y económico argentino. La propia Agencia de Ciudadanía se encargará también de dictar las normas complementarias para el funcionamiento del programa.
Críticas y advertencias
Aunque el decreto ya está en vigencia, la iniciativa generó cuestionamientos de especialistas y sectores de la oposición, quienes advierten sobre la falta de criterios objetivos y públicos respecto a qué tipo de inversión será considerada suficiente para acceder a este beneficio.
Entre las principales preocupaciones se señala el riesgo de convertir la nacionalidad en una mercancía, habilitando posibles maniobras de lavado de activos o discrecionalidades políticas. Hasta ahora, la legislación argentina requería al menos dos años de residencia legal continua para otorgar la ciudadanía a personas extranjeras, un requisito que queda sin efecto para quienes accedan por esta nueva vía.
