El gobierno nacional anunció que presentará una denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires contra la jueza Karina Andrade, quien este pasado miércoles ordenó la liberación de los detenidos durante la marcha de los jubilados a la que se sumaron barras y militantes políticos. Así lo aseguró esta mañana el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien detalló que la medida se basa en un “posible incumplimiento de funciones” por parte de la magistrada.
“Los barras bravas son criminales organizados que ayer fueron al Congreso a destruir todo lo que tuvieran a su alcance y agredir a la policía”, escribió el ministro en un posteo en su cuenta oficial de X. Y agregó: “No se trató de una protesta ni del ejercicio de la libertad de expresión, se trató de delincuentes cometiendo delitos a la vista de toda la sociedad”.
Más de 110 personas fueron liberadas por decisión de la jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 15, horas después de haber sido detenidas por los incidentes registrados durante la marcha realizada ayer en el Congreso. De los 114 aprehendidos, 94 habían sido detenidos por la Policía de la Ciudad bajo la acusación de atentado y resistencia a la autoridad.
Al respecto, Cúneo Libarona cuestionó: “En lugar de investigar quién envió a esos barras a sembrar el caos, decidió liberarlos en menos de 8 horas. Se analizará su actuación ante el Consejo de la Magistratura de CABA por posible incumplimiento de sus funciones”.
Anteriormente, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, también se había pronunciado al respecto. “Si detienen a 130 o 140 personas y a las pocas horas una jueza dice que estaban defendiendo derechos y los libera, es muy difícil combatir la violencia organizada”, aseguró esta mañana.
Los argumentos de Karina Andrade
En la resolución de Andrade, a la que tuvo acceso el medio Infobae, se estableció: “A raíz del pedido de la defensa, he analizado la información que fue brindada y entiendo que respecto de las detenciones informadas se encuentra en juego un derecho constitucional fundamental como es el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia y a la libertad de expresión, en un día como hoy donde se convoca desde los sectores más vulnerables de nuestra Nación como son los adultos mayores protegidos convencionalmente, desde el Poder Judicial corresponde atender a ello especialmente”.
La jueza continuó: “Considero que, sin perjuicio de no emitir opinión respecto de la aplicación del derecho de fondo, o a la investigación que podrá continuar la fiscalía, la complejidad de derechos en juego para informar y determinar la existencia de una conducta penal impide la aplicación del trámite de flagrancia. Por lo tanto, para darle mayor celeridad a la ejecución de la resolución, se adelanta este extracto y dispongo la inmediata soltura de los detenidos informados con relación a los sucesos en el Congreso de la Nación”.
