La ex presidenta Cristina Kirchner realizó este martes la presentación de su defensa ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con el objetivo de cuestionar la condena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que recibió en la causa Vialidad. La presentación fue confirmada este 29 de septiembre y forma parte de una estrategia internacional impulsada por su equipo jurídico.
El planteo fue presentado por los abogados Carlos Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, quienes sostienen que durante el proceso judicial se habrían vulnerado garantías fundamentales y solicitaron que el organismo internacional analice el caso.
La defensa busca que el expediente pueda ser tratado durante la próxima sesión del Comité, prevista para octubre. Rafael Valim señaló que el objetivo es que el caso sea examinado en esa instancia y que, a partir de una eventual decisión, la Justicia argentina pueda analizar posteriormente sus efectos.
La condena quedó firme en junio de 2025, cuando la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso extraordinario presentado por la defensa y confirmó por unanimidad la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal N° 2.
Las nuevas pruebas presentadas por la defensa
Uno de los principales elementos incorporados por los abogados es un informe técnico elaborado por Specs Consultoría, que sostiene que el Grupo Austral, perteneciente al empresario Lázaro Báez, recibió el 0,85% de los fondos asignados a un fideicomiso administrado por la Dirección Nacional de Vialidad.
Según la defensa, ese dato cuestionaría uno de los fundamentos utilizados en la sentencia. Los abogados también señalaron que el principal destinatario de esos fondos habría sido IECSA S.A., empresa vinculada al empresario Ángelo Calcaterra.
La defensa sostiene que estas nuevas pruebas serán utilizadas tanto ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU como ante la Cámara Federal de Casación Penal, mediante un recurso de revisión.
¿Qué puede hacer la ONU?
El Comité de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra y compuesto por 18 expertos independientes, analiza el cumplimiento por parte de los Estados del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El organismo no funciona como una instancia judicial argentina ni puede anular directamente una sentencia penal. Sus pronunciamientos son observaciones o dictámenes y no tienen el mismo carácter que una sentencia de los tribunales nacionales, aunque pueden generar consecuencias institucionales y ser utilizados como antecedentes en posteriores discusiones jurídicas.
La presentación de la defensa apunta principalmente a que se analice si durante el proceso se respetaron garantías como el debido proceso, el derecho de defensa y la imparcialidad judicial.
El antecedente de Lula
La estrategia internacional también cuenta con el antecedente del caso del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. Rafael Valim, uno de los abogados de Cristina Kirchner, participó previamente de la estrategia jurídica vinculada con ese expediente ante el mismo Comité de Derechos Humanos.
En aquel caso, el organismo internacional concluyó que se habían vulnerado derechos de Lula durante el proceso relacionado con Lava Jato. Sin embargo, las condenas del dirigente brasileño fueron posteriormente anuladas por el Supremo Tribunal Federal de Brasil por cuestiones vinculadas con la competencia judicial.
La defensa de Cristina Kirchner busca ahora que el organismo internacional examine los argumentos planteados sobre la causa Vialidad y las garantías procesales que, según los abogados, fueron vulneradas durante el proceso.
El objetivo expresado por el equipo jurídico es obtener una revisión de la condena y avanzar con un pedido para suspender la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Una eventual resolución favorable del Comité, de todos modos, no implicaría por sí sola la anulación automática de la sentencia argentina.


















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