En la segunda quincena de enero, el oficialismo retomará en el Senado las conversaciones para consensuar el proyecto de reforma laboral, una iniciativa que ya cuenta con dictamen de mayoría del plenario de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda. El proceso es encabezado por la senadora Patricia Bullrich y representa, hasta el momento, el principal avance legislativo de una de las reformas estructurales impulsadas por el Gobierno nacional.
Aunque el debate formal aún no desembarcó en la Cámara de Diputados, en la Cámara baja el tema ya genera movimientos políticos. Legisladores de la oposición anticipan que, si el Senado aprueba el proyecto, Diputados no actuará como una cámara revisora meramente formal, sino que buscará introducir cambios de fondo. En ese marco, comenzaron los contactos con distintos actores sindicales.
El diputado socialista Esteban Paulón, integrante del bloque Provincias Unidas, confirmó que mantienen en agenda una reunión con la Confederación General del Trabajo (CGT), coordinada inicialmente en diciembre pero postergada por el tratamiento del Presupuesto 2026. El encuentro con el triunvirato sindical fue reprogramado para las próximas semanas. “Es importante que el Gobierno haya aceptado posponer el debate, porque habla de una primera voluntad de escuchar a los gobernadores, las centrales sindicales y otros actores”, señaló Paulón, quien además expresó su expectativa de que el tratamiento incluya un debate previo en comisiones.
En paralelo, la bancada de Unión por la Patria (UxP), conducida por Germán Martínez, diseña su estrategia a partir del peso de los diputados de origen sindical. En ese espacio se destacan Hugo Yasky, Vanesa Siley, Mario “Paco” Manrique, Sergio Palazzo y Carlos Cisneros, quienes ya impulsan proyectos alternativos al texto oficial.
Entre las iniciativas presentadas figura un proyecto de Yasky que propone cambios en la Ley de Contrato de Trabajo respecto del régimen de vacaciones, estableciendo que el descanso anual se otorgue entre el 21 de diciembre y el 20 de marzo, y que coincida con el receso escolar en el caso de trabajadores con hijos en edad escolar. También se promueven proyectos sobre licencias especiales, indemnizaciones por despido, prevención de la violencia y el acoso laboral, y un régimen específico para trabajadores de plataformas digitales, con reglas claras sobre remuneración, algoritmos y condiciones de trabajo.
Desde el oficialismo, en tanto, se muestran confiados en avanzar con la sanción. El diputado Santiago Pauli, de La Libertad Avanza, aseguró que el proyecto será aprobado en el Senado, aunque con modificaciones, y consideró que existen posibilidades concretas de lograr su aprobación también en Diputados. Para ello, el Gobierno apuesta a sumar apoyos de otras bancadas y no descarta el acompañamiento de legisladores de provincias gobernadas por fuerzas opositoras.
En la misma línea, el diputado Lisandro Almirón sostuvo que existe un trabajo coordinado entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. “La gente votó un cambio de rumbo y ese cambio incluye ordenar el mercado laboral, bajar el costo del trabajo y generar condiciones para el empleo formal”, afirmó. Según el oficialismo, la reforma apunta a corregir un sistema que, aseguran, desalienta la contratación y empuja a miles de trabajadores hacia la informalidad, uno de los ejes centrales del debate que se avecina en el Congreso.
