El Gobierno nacional anunció el inicio de procedimientos contra otras 15 empresas que, según sostuvo, participaron en actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina vinculada con las Islas Malvinas.
La decisión fue comunicada por la Oficina del Presidente y se enmarca en la estrategia del Ejecutivo para reforzar la defensa de los derechos argentinos sobre los territorios y espacios marítimos del Atlántico Sur.
Según el comunicado oficial, las actuaciones contemplan el avance por las distintas vías administrativas, diplomáticas y judiciales previstas por la normativa vigente.
Qué establece la ley sobre las actividades en Malvinas
El Gobierno fundamentó la medida en la Ley 26.659, que establece restricciones para las actividades hidrocarburíferas realizadas sin autorización en espacios marítimos e insulares bajo jurisdicción argentina.
Los nuevos procedimientos no alcanzan solamente a las compañías involucradas, sino también a personas físicas que hayan participado directa o indirectamente en esos proyectos.
De acuerdo con la información oficial, la investigación puede involucrar a directivos, inversores, representantes legales y otros actores vinculados con la exploración, explotación o financiamiento de las actividades cuestionadas.
La ofensiva legal continúa
La administración de Milei sostuvo que las nuevas actuaciones forman parte de un plan integral para reafirmar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.
La decisión se suma a otras medidas anunciadas durante los últimos días y busca avanzar contra empresas extranjeras que desarrollan operaciones en la Cuenca Malvinas Norte sin contar con autorización de las autoridades argentinas.
Desde el Gobierno remarcaron que las acciones buscan aplicar las sanciones previstas por la legislación y responsabilizar a quienes intervengan en actividades consideradas ilegales.
Una Base Naval Integrada, entre los planes para 2027
El nuevo anuncio también estuvo acompañado por una instrucción presidencial dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo, vinculada con el próximo presupuesto.
Milei pidió que el Presupuesto 2027 contemple como una de sus prioridades la construcción de una Base Naval Integrada, además de otros proyectos considerados estratégicos para la seguridad y la defensa nacional.
La iniciativa forma parte del esquema con el que el Gobierno busca fortalecer la presencia y las capacidades argentinas en áreas consideradas estratégicas del territorio nacional.
De esta manera, las nuevas sanciones contra las empresas y los proyectos previstos para el próximo presupuesto se presentan como parte de una misma estrategia oficial centrada en la soberanía, la defensa y el control de los recursos del Atlántico Sur.


















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