José Luis Espert apeló el procesamiento dictado por el juez federal Lino Mirabelli en el marco de la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. A través de sus abogados, solicitó que la Cámara Federal de San Martín revoque la resolución judicial y revise las medidas cautelares impuestas.

El exlegislador también pidió que se levante el embargo de $1.000 millones sobre sus bienes y la prohibición de salir del país. Además, su defensa reclamó que se dicte su sobreseimiento o, de manera alternativa, la falta de mérito.

Espert hizo pública su postura a través de un mensaje en redes sociales, donde calificó el fallo como “contradictorio, sesgado, falto de prueba y de tintes políticos”.

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La causa por el pago de US$200.000

La investigación judicial se centra en un pago de US$200.000 que Espert habría recibido en enero de 2020, presentado por él como un anticipo por un contrato de consultoría. El dinero fue vinculado con Federico “Fred” Machado, empresario condenado en Estados Unidos e investigado por presuntos delitos relacionados con el lavado de activos y el narcotráfico.

Según expuso Espert, el juez consideró que los fondos provenían de una actividad delictiva, que el contrato de consultoría era simulado y que la recepción y utilización del dinero constituían operaciones de lavado.

Sin embargo, el exdiputado cuestionó los fundamentos de la resolución y sostuvo que existe una contradicción en el razonamiento judicial, particularmente en relación con la prueba del supuesto delito previo del que habrían provenido los fondos.

¿Qué dijo Espert sobre el procesamiento?

En su descargo público, el dirigente negó haber cometido lavado de dinero y afirmó que los fondos no fueron ocultados ni disimulados.

“El dinero quedó en mi cuenta, se gastó a mi nombre y los impuestos los pagué yo”, aseguró al defender su versión sobre el origen y el uso del monto investigado.

También cuestionó que el fallo incluyera consideraciones sobre el lavado de activos y la posible financiación de dirigentes políticos y campañas electorales, al sostener que esos aspectos no formaron parte de los hechos por los que fue indagado.

“Se me ensucia con algo por lo que nunca fui escuchado ni acusado formalmente”, expresó, y calificó el proceso como una persecución política.

El pedido de la defensa

Los abogados de Espert solicitaron que se revoque el procesamiento y plantearon que la imputación no reúne los elementos necesarios para configurar el delito de lavado de activos. También cuestionaron la falta de pruebas que, según sostienen, serían necesarias para esclarecer el origen de los fondos.

La defensa consideró que tanto el embargo como la prohibición de salir del país resultan desproporcionados y reclamó que la causa avance sobre la base de las pruebas incorporadas al expediente.

Por el momento, la apelación deberá ser analizada por la Cámara Federal de San Martín, que tendrá que resolver los planteos presentados contra la decisión del juez Mirabelli.