La situación judicial de Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo y podría complicarse en las próximas semanas. El juez federal Ariel Lijo analiza convocar a declaración indagatoria al jefe de Gabinete antes del inicio de la feria judicial de invierno, en el marco de una causa que investiga presunto enriquecimiento ilícito, dádivas y posibles irregularidades vinculadas a contratos de la TV Pública.
La investigación se centra principalmente en la relación entre el funcionario y el productor televisivo Marcelo Grandio, propietario de la productora Imhouse, empresa que mantiene convenios con medios estatales. En Comodoro Py consideran que el expediente avanzó significativamente tras distintas medidas de prueba impulsadas junto al fiscal Gerardo Pollicita.
Uno de los puntos bajo sospecha es el viaje que Adorni realizó junto a su familia a Punta del Este durante el fin de semana largo de Carnaval. Según declaró ante la Justicia el broker aeronáutico Agustín Issin Hansen, el vuelo privado habría sido reservado y abonado por Grandio, contradiciendo la versión pública del funcionario, quien aseguró haber pagado el traslado con dinero propio.
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De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, la empresa Alpha Centauri facturó el tramo de ida a Imhouse, mientras que el regreso fue posteriormente cargado por unos 3000 dólares al productor televisivo.
En paralelo, el juzgado ordenó realizar cruces telefónicos y análisis de geolocalización entre Adorni, Grandio y Horacio Silva, socio fundador de Imhouse, para determinar si existieron contactos coincidentes con la firma de contratos entre la productora y la TV Pública.
Entre los convenios bajo análisis aparecen producciones televisivas, programas radiales y contenidos de streaming emitidos en medios estatales, como “La Caja de Pandora”, “Enredados”, “La Sala” y “Gritalo Mundial”.
La Justicia también puso la lupa sobre el patrimonio del jefe de Gabinete. Una de las principales observaciones apunta a una propiedad ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, cuya compra y remodelación despertaron sospechas por el origen de los fondos utilizados.
Según consta en la investigación, la vivienda habría sido adquirida por unos 120 mil dólares, a lo que se sumarían gastos cercanos a los 245 mil dólares en reformas y mobiliario. Parte de esas obras, además, habría sido realizada sin facturación formal.
Otro aspecto que analiza el expediente es la presunta utilización de efectivos de Gendarmería Nacional para custodiar el ingreso al barrio privado donde reside el funcionario. En caso de comprobarse un uso indebido de recursos públicos, podría configurarse el delito de peculado.
Mientras tanto, crece la expectativa en los tribunales federales sobre la decisión que tomará Ariel Lijo respecto de uno de los funcionarios más cercanos al presidente Javier Milei.
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