El oficialismo decidió retirar su proyecto de baja de la edad de imputabilidad y acordó fijarla en 14 años, tras negociaciones con bloques aliados. Inicialmente, la propuesta buscaba reducirla a 13 años.
El acuerdo se logró para agilizar el avance de la iniciativa, que ahora se someterá a la integración de la comisión de Justicia de la Cámara Baja, bajo la presidencia de Álvaro Martínez (LLA). La redacción actual incluye la asignación de fondos a la Defensoría General y al Ministerio de Justicia para garantizar la implementación efectiva de la ley en caso de sancionarse.
Según estimaciones anteriores, la aplicación de la medida requeriría un gasto de más de $23 mil millones, distribuidos entre la Defensoría General de la Nación ($20 mil millones) y el Ministerio de Justicia ($3 mil millones). La diferencia con la propuesta del año pasado radica en que ahora los fondos se asignan específicamente para la implementación, en lugar de depender de la reasignación de partidas presupuestarias de cada ejercicio.
El oficialismo aseguró que la retirada del proyecto se debió a objeciones administrativas, pero que el dictamen de 2024 sigue vigente y contempla las partidas presupuestarias necesarias para su ejecución.
