La discusión sobre la venta de tierras rurales a extranjeros volvió a instalarse en la agenda nacional luego de las declaraciones del vocero presidencial Adrián Ravier, quien defendió la derogación del régimen establecido por la Ley de Tierras Rurales de 2011.

Durante una conferencia en Casa Rosada, Ravier sostuvo que la posibilidad de que capitales extranjeros compren tierras en el país no implica una pérdida de soberanía y afirmó que esos inmuebles continúan sometidos a las leyes, los impuestos y la jurisdicción argentina.

En ese contexto, pronunció una de las frases que generó mayor repercusión: “Vender una tierra en la Patagonia no significa que esa parte de la Patagonia deja de ser argentina”.

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Qué cambió con el DNU 70/2023

La controversia se vincula con el artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras Rurales sancionada en 2011.

Aquella legislación establecía, entre otras restricciones, que la titularidad extranjera no podía superar el 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia y de cada municipio. Con la derogación, se eliminaron esos límites generales.

Desde el Gobierno sostienen que el régimen anterior constituía una barrera para la llegada de inversiones de largo plazo y plantean que la apertura puede favorecer proyectos vinculados con la producción agropecuaria, infraestructura, riego, forestación y tecnología.

La explicación del Gobierno

Ravier buscó diferenciar la propiedad privada de los territorios que permanecen bajo dominio estatal.

Según explicó, la derogación no habilita la venta de parques nacionales ni reservas históricas y tampoco elimina el régimen especial vigente para determinadas zonas fronterizas.

El vocero remarcó además que un inversor extranjero que adquiere un campo no está comprando territorio para convertirlo en parte de otro Estado, sino una propiedad que continúa dentro del territorio argentino y bajo las normas nacionales.

Desde esa perspectiva, el Gobierno sostiene que la llegada de capitales puede impulsar producción, empleo, exportaciones y generación de divisas. Como ejemplos, Ravier mencionó actividades agrícolas y frutícolas en distintas regiones del país.

La soberanía, en el centro del debate

El planteo oficial generó cuestionamientos políticos y volvió a poner en discusión la relación entre propiedad de la tierra, inversión extranjera y soberanía nacional.

La posición del Gobierno es que la titularidad privada de un inmueble no modifica la soberanía sobre el territorio. En tanto, quienes cuestionan la derogación advierten sobre la necesidad de mantener límites y controles sobre la adquisición de grandes extensiones rurales por parte de capitales extranjeros.

La discusión se desarrolla además en un contexto judicial. La Corte Suprema revocó recientemente una decisión de la Cámara Federal de La Plata que había suspendido la derogación del régimen, al considerar que la organización que había iniciado aquella demanda no tenía legitimación para promoverla.

Qué pasa con las zonas fronterizas

Uno de los puntos que el Gobierno busca remarcar es que la eliminación de los límites generales sobre tierras rurales no modifica el régimen de zonas de seguridad de fronteras.

Según la explicación oficial, esos territorios continúan sujetos a controles específicos sobre la adquisición y tenencia de inmuebles.

Esto implica que la normativa no elimina todas las restricciones existentes, sino que modifica el esquema general que regulaba la participación extranjera en la propiedad de tierras rurales.

El debate continúa

La controversia sobre la Ley de Tierras Rurales quedó así nuevamente en el centro de la discusión política y económica.

Mientras el Gobierno presenta la apertura como una herramienta para atraer inversiones productivas, sus críticos plantean interrogantes vinculados con la concentración de tierras y la preservación de recursos estratégicos.

Por ahora, la derogación dispuesta por el DNU 70/2023 continúa vigente, mientras el debate político y judicial sobre sus alcances permanece abierto.