Contrarreloj, y cuando parecía que el Gobierno no lograría destrabar el proyecto Bases en las comisiones del Senado, el oficialismo consiguió las firmas para el dictamen y así poder llevar la iniciativa al recinto. Pese a que la Cámara Alta se consolida como un territorio hostil para el oficialismo por la sólida posición de Unión por la Patria (33 senadores, a cuatro del quórum), Guillermo Francos en su flamante rol de jefe de Gabinete consiguió los avales necesarios para que el proyecto pueda escalar un casillero, hecho que representa un alivio para la Casa Rosada.
No obstante, el paquete de alivio fiscal deberá esperar. Allí asoman medidas para restituir fondos a las golpeadas administraciones provinciales, como la restitución de la cuarta categoría de Ganancias que engrosaría la masa coparticipable, que tiene ahora un piso más alto para las provincias patagónicas. La suerte del paquete fiscal está atada a la Ley Bases. El gobierno dará a los gobernadores más fondos si estos aprueban Bases. Y visceversa.
Los primeros minutos de la sesión fueron de optimismo libertario. El radical Víctor Zimmermann ingresó a la reunión plenaria afirmando que iba a acompañar el dictamen y remarcando que "los gobernadores e intendentes están esperando una señal del Congreso de la Nación". El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala (La Libertad Avanza), también expresó su optimismo: “Surgió un borrador que vamos a hacer circular a los efectos de que este dictamen tenga la cantidad de firmas que exige la reglamentación".
Sin embargo, del ánimo celebratorio por la certeza del dictamen se pasó a una incertidumbre por el voto a voto, que después se convirtió en un nuevo martirio cuando senadores de distintos bloques (peronistas, radicales e incluso Edith Terenzi, del PRO) enumeraban críticas hacia la redacción del proyecto. La cesión de facultades excepcionales para el Presidente, que ya habían salido del foco de rechazo, volvió a ser reiterada.
La presencia de empresas públicas -como Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino o los medios públicos- en la lista de compañías susceptibles a ser privatizadas provocaron el rechazo de senadores de distintos bloques, que argumentaron que debilitaba al federalismo. Las modificaciones en el RIGI no resultaron suficientes y la propuesta moratoria, que excluye a personas que no cuentan con la totalidad de años de aporte, también provocó resistencias.
Otros dos senadores tomaron medidas imprevistas, aunque se podía pronosticar su oposición. Uno es Martín Lousteau, quien criticó las reformas "cosméticas" que le hizo el Gobierno al proyecto y anunció que presentaría dictamen propio. El otro fue José María Carambia (Por Santa Cruz) quien adelantó en una nota que presentaría un dictamen propio pero no lo hizo, provocando que el oficialismo se apresure a hacer circular su borrador para la aprobación.
Sin embargo, tras anunciarse un cuarto intermedio, lo que representaba un fracaso para la Casa Rosada, aparecieron las firmas para conseguir el dictamen.
Dictamen de ley Bases: las reformas que aceptó el Gobierno
Los cambios que habilitó el Gobierno y que se encuentran presentes en el borrador de la ley Bases son:
Inclusión de nuevos organismos del Estado que no se podrían disolver: entre ellos, el INCAA, la CONAE, el INCUCAI, el INTI, el SENASA y la CONEAU.
Se prolonga el plazo que tiene la Auditoría General de la Nación para evaluar procesos de privatización, de 30 días a 120 días.
La posibilidad de manifestar la voluntad de no realizar aportes a obras sociales sindicales.
Exceptúa la aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo a trabajadores de la Administración Pública, personal doméstico, empleados rurales y contratados.
Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones: autonomía provincial para definir si adherirse, proveedores con mercadería importada deben facturar, inversores deben presentar un plan de desarrollo de proveedores locales y una estimación del empleo local que contratarán.
En cuanto a la reforma fiscal, ancladas en el proyecto Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, se incorporaron:
Figura del monotributo social.
Impuestos a las Ganancias: un 22% de aumento en el piso mínimo de los asalariados de las provincias que integran la región patagónica.
Blanqueo de Capitales: quitaron la posibilidad de hacerlo a través de criptomonedas y de que ingresen familiares de funcionarios.
