Luego de haber reducido a la mitad los fondos destinados a la reconstrucción tras el devastador temporal de marzo, el Gobierno nacional volvió a generar controversia en Bahía Blanca al cobrar al municipio más de 43 millones de pesos por el uso de dos puentes de emergencia (bailey) instalados por el Ejército Argentino tras los derrumbes provocados por la crecida del arroyo Maldonado.
El tema salió a la luz luego de su publicación en el Boletín Oficial Municipal, donde se conocieron los convenios firmados entre la comuna y el Ejército, según los cuales el municipio deberá pagar cada tres meses una suma superior a 43 millones de pesos, que incluye el alquiler de los puentes y el seguro correspondiente.
De acuerdo con los decretos 2188 y 2189, el convenio —por tres meses, con posibilidad de prórroga— establece un pago de 17.670.949 pesos por cada puente y 8,5 millones en concepto de seguro. La administración local, encabezada por el intendente Federico Susbielles, expresó su malestar ante lo que considera un trato injusto, teniendo en cuenta que los puentes son estructuras esenciales para la conectividad en una ciudad que todavía no se repone de la catástrofe climática.
Malestar en la ciudad
La noticia generó indignación entre vecinos y autoridades locales, quienes esperaban que el Gobierno nacional realizara una cesión temporal del material militar y no un alquiler millonario. Los puentes fueron instalados en marzo en el marco de la emergencia y, en su momento, el ministro de Defensa Luis Petri destacó en redes sociales que el Ejército los había colocado “en tiempo récord”, asegurando que “nunca vamos a dejar a los bahienses solos”, sin mencionar entonces que habría un costo para el municipio.
Reclamos por obras omitidas en el Presupuesto 2026
La controversia se suma al reclamo de concejales bahienses por la ausencia de obras clave en el presupuesto nacional 2026 y las inconsistencias detectadas en las pocas que sí fueron incluidas. Las únicas obras relacionadas con Bahía Blanca contempladas en las proyecciones nacionales son la reconstrucción del puente de la Ruta Nacional 35 sobre el arroyo Chasicó y el puente de la Ruta Nacional 3 sobre el arroyo Maldonado, ambos destruidos por la crecida.
Llamativamente, ambas obras figuran con el mismo monto presupuestado y un avance proyectado de apenas el 10% para 2026, lo que implica que las reparaciones tardarían años en concretarse. Mientras tanto, los desvíos de tránsito continúan afectando la circulación en esos tramos.
Reclamo por obras viales postergadas
En este contexto, el concejal radical Pablo Daguerre presentó un proyecto para que el Ejecutivo Nacional incorpore la reactivación de la autopista Paso Urbano en el presupuesto, una obra considerada clave para el desarrollo productivo, portuario e industrial del sudoeste bonaerense.
“Se trata de un proyecto fundamental para la región, que no puede seguir postergado”, sostuvo Daguerre, quien recordó que entre 2022 y 2023 el Paso Urbano fue una de las obras viales más importantes del país, pero que, a pesar de las modificaciones posteriores para su viabilidad, no registró avances concretos.
Daguerre también impulsa la inclusión de trabajos de mantenimiento y mejoras en ocho rutas nacionales que atraviesan la región.
Con información de LPO
