La Justicia suma nuevas pruebas que complican cada vez más al Polo Obrero en la causa que investiga una defraudación millonaria al Estado Nacional al haber desviado millones de pesos del programa Potenciar Trabajo hacia una red de empresas que hicieron supuestas facturas truchas con el objetivo de justificar gastos y ocultar el verdadero destino del dinero.
Según pudo saber TN basándose en fuentes judiciales, ya son seis las empresas con las que el juez federal Sebastián Casanello cree que se desviaron parte de los fondos del Potenciar Trabajo.
Una red de firmas que la organización que conduce Eduardo Belliboni habría utilizado para justificar parte de los $360 millones que el Estado le transfirió en su condición de unidad de gestión, pero que no fue a parar en su totalidad a los beneficiarios del plan sino a un posible autofinanciamiento del espacio.
En los últimos días, los investigadores sumaron datos llamativos: el Polo Obrero presentó facturas hechas por una empresa que provee handies y que luego le hizo giros de dinero a otra empresa investigada; tienen en la mira una factura por la compra de siete computadoras a una compañía sin antecedentes ni oficinas y también se investiga la contratación de una agencia de publicidad que hizo campaña digital para el Partido Obrero con plata del Estado.
