La secretaria de Derechos Humanos de la Provincia, Daniela Águila, estuvo como invitada en el programa de ayer del ciclo radial Actualidad Política, donde hizo referencia al impacto que tiene en los santiagueños la quita de subsidios y de beneficios a las personas con discapacidad, tras las políticas de ajuste tomadas por el Gobierno nacional.
Con respecto al escándalo por las denuncias por corrupción relacionado al área que trabaja en discapacidad, inició: "Lamentablemente, la situación hoy es crítica, no está vigente la ley que se había aprobado luego de que el presidente la haya vetado. La Cámara de Diputados rechazó el veto, ahora veremos qué decide el Senado. Lo más triste es que las personas con discapacidad siguen esperando y si esto se judicializa, van a seguir esperando".
"Ahora lo que causa indignación es el argumento que plantea el Gobierno nacional sobre que esta ley que estaba vigente les causaba un déficit fiscal y que los iba a desequilibrar económicamente. Y el mismo día que se rechaza el veto en Diputados, saltan todos estos audios donde, de comprobarse esto, quiere decir que dinero hay, solamente que se lo están sacando a las personas más vulnerables. Es decir, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, a los niños. El desarrollo de un país se mide por cómo un gobierno cuida de los más vulnerables. Las personas con discapacidad no son un número", remarcó.
A su vez, siguió: "Lo más grave es que generan, con este discurso de odio, una visión de que las personas con discapacidad tienen que ver con un 'curro' de las pensiones, planteando un pensamiento de que está bien que se les quite el beneficio. Y no miden de que la pensión es el 70% de lo que hoy es una jubilación mínima. Y la mayor cobertura integral que ofrece una obra social es por salud. Todo ese sistema de protección integral está dentro de lo que brinda el derecho de tener una pensión no contributiva".
"Se hablaba de que cerca de 85 mil eran los beneficiarios, pero de ahí ya se van dando de baja 20 mil en un inicio, y se han enviado 65 mil cartas documentos para que se presente toda la carpeta médica de nuevo. Eso es imposible. El circuito es larguísimo, pero para llegar a Buenos Aires tienen que documentar un importante número de certificados. Aprobándose la ley de emergencia, estas ayudas impactaban 0,03% en el PBI", agregó.
Además, Águila concluyó: "Y lo que ellos no miden es el costo a largo plazo, porque si hoy no invertimos en inclusión, en educación temprana, el costo es muchísimo más alto con respecto a esas personas. Si el Gobierno nacional se da cuenta de las consecuencias, estamos hablando de un nivel de perversión increíble". Y sobre el trabajo en Santiago, dijo: "Seguimos trabajando de la misma manera, con los programas de incidencia a nivel provincial. En este caso de pensiones, hemos armado un equipo de acompañamiento y sostén, para asesorar a las personas y evitar que pierdan las pensiones".
