El juez de la ciudad de Buenos Aires, Roberto Andrés Gallardo, le ordenó al gobierno porteño, a cargo de Jorge Macri, que organice el operativo de seguridad de la próxima marcha de los jubilados, que se realizará este miércoles 9 de abril. El magistrado le exigió al Ministerio de Seguridad, que dirige Patricia Bullrich, que se abstenga de intervenir en la protesta "más allá de los límites de protección de intereses federales". Gallardo tomó esta decisión tras un pedido de una medida cautelar.
El próximo miércoles, en vísperas del paro general del jueves 10 de abril, la marcha por los jubilados tendrá presencia sindical. Los dirigentes Jorge Piumato y Maia Volcovinsky (del Sindicato de Judiciales y que forman de la CGT) y Alejandro "Peluca" Gramajo de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular", presentaron una medida cautelar para "intimar al Gobierno de la ciudad de Buenos Aires a coordinar y conducir un operativo de seguridad para la movilización" y para que se "delimite en forma previa y concreta los denominados "objetivos federales" cuya custodia estará a cargo de las fuerzas federales", restringiendo el cuidado de los mismos y no al ejido urbano circundante".
En el escrito presentado ante el juez Gallardo, los sindicalistas subrayaron que las fuerzas federales que conduce la ministra actuaron “de forma ilegal, frente al ejercicio del derecho constitucional de protesta”. Y puntualizaron que en la marcha del 12 de marzo, en la que resultó herido el fotógrafo Pablo Grillo y fueron detenidas 114 personas, se produjeron hechos de represión por parte de las fuerzas federales “sin contar con una autorización para ello” y que se produjeron fuera de los límites del Congreso, por lo que excedieron su papel de custodia del lugar.
El juez ordenó a la Ciudad de Buenos Aires que, “en el contexto de la movilización masiva convocada para el miércoles en las inmediaciones del Congreso, despliegue, organice, planifique y ejecute -todo de manera autónoma- el operativo de seguridad que simultáneamente garantice el orden público y el pleno ejercicio de los derechos constitucionales de quienes asistan”.
Y le indicó al ministerio de Bullrich que “se abstenga de intervenir e interferir en la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo que a seguridad pública respecta, más allá de los límites legales de protección de intereses federales”. Indicó que su decisión debe ser informada a la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Prefectura Naval.
Gallardo afirmó que existe una “preocupante actitud avasalladora y excesiva” de las fuerzas de seguridad federales. Y remarcó que “en las concentraciones realizadas con anterioridad, se evidenció que el despliegue de las fuerzas federales en el ámbito de esta ciudad se extendió por arterias que se alejaban notoriamente de las inmediaciones de los edificios donde tienen asiento poderes federales [por el Congreso]”.
“Resulta elemental destacar que la CABA no ha adherido al protocolo establecido por la resolución ministerial 943/2023 [el protocolo antipiquetes]. La adhesión a este tipo de normas por parte de la jurisdicción local no se puede presumir, sino que requiere de un acto formal de adhesión por parte de las autoridades competentes”, destacó el juez.
