Desde el Ejecutivo provincial elevaron un proyecto de Ley que ya está siendo tratado en comisiones correspondientes del poder legislativo, el cual propone establecer en toda la Provincia de Santiago del Estero el Protocolo de Acción Urgente, Prevención y Asistencia “Pregunta por Ángela”, destinado a prevenir situaciones de violencia contra las mujeres y facilitar su detección, asistencia inicial y derivación a los servicios competentes. 

La iniciativa reconoce como antecedente la experiencia implementada en Inglaterra en 2016 que permite solicitar ayuda de manera discreta mediante una expresión reconocida por el personal de los establecimientos. En nuestro país, se tomó como referencia el proyecto impulsado en Santa De, que obtuvo media sanción de su Cámara de Diputados este mismo año, con lo cual dicha propuesta que se presentó aquí, adaptó esos antecedentes a la organización institucional y a las necesidades de Santiago. 

La propuesta se sustenta en el deber del Estado de adoptar medidas eficaces para prevenir la violencia contra las mujeres y garantizar la protección de su vida, integridad, libertad y seguridad. Se inscribe en los compromisos asumidos mediante la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, aprobada por Ley Nacional N°24.632 y en los principios de protección integral, asistencia oportunidad y coordinación institucional establecidos por la Ley Nacional N°26.485. 

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Asimismo, el ámbito de aplicación comprende establecimientos públicos y privados, así como a los organizadores de eventos realizados en espacios habilitados temporalmente. Su enumeración es de carácter enunciativo y no taxativo, por lo que la autoridad de aplicación podrá incorporar otros establecimientos, espacios o actividades que, por sus características, resulten comprendidos en el objeto y la finalidad de la ley. Su inclusión no estará condicionada al expendio de bebidas alcohólicas ni al horario de funcionamiento, dado que las situaciones que requieren intervención pueden presentarse en diversos contextos. 

La capacitación se constituye una condición necesaria para la efectividad del protocolo. A tal efecto, se prevé que la autoridad de aplicación, en doordinación con municipios, capacite a las personas designadas por los propietarios, encargados o administradores, quienes deberán transmitir los contenidos al personal que desempeñe tareas de atención al público. Esta modalidad permite extender la formación dentro de cada establecimiento y facilitar su continuidad. La oferta de capacitación gratuita y la determinación de contenidos mínimos proporcionan una base común de actuación, mientras que las modalidades, la periodicidad y la acreditación quedan sujetas a reglamentación. 

En el plano institucional, se encomienda al Poder Ejecutivo la determinación de la autoridad de aplicación, a la que corresponderán la implementación, coordinación, seguimiento y evaluación del protocolo. La articulación entre los organismos competentes en materia de género, derechos humanos, salud y seguridad permitirá vincular la asitencia inicial con los recursos públicos disponibles y establecer mecanismos de derivación adecuados. 

La participación municipal se instrumenta mediante la invitación a adherir por ordenanza y la posibilidad de celebrar convenios para coordinar acciones de capacitación, difusión, asistencia y fiscalización. Este esquema reconoce las competencias locales y permite acordar las responsabilidades y los recursos comprometidos, favoreciendo una implementación territorial compatible con la organización institucional de cada municipio. 

Las acciones de información y sensibilización constribuirán a que las mujeres conozcan el mecanismo y puedan utilizarlo cuando lo necesiten. Por su parte, la distinción “Sello Seguro”, permitirá reconocer públicamente a los establecimientos que realicen capacitaciones e implementen el protocolo, promoviendo la particxipación del sector privado en las tareas de prevención y asistencia.