Manuel Adorni, jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, confirmó ayer —vía redes sociales— que el tratamiento por la Ley Penal Juvenil será parte del temario de las sesiones extraordinarias (iniciarán el próximo 2 de febrero).
En rigor, desde el Ejecutivo pretenden establecer la edad de imputabilidad en 13 años (actualmente, en 16).
Ramiro Santillán, subsecretario de Justicia de la Provincia, se mostró –en diálogo con Nuevo Diario– "en contra de estos proyectos tomados con tanta liviandad" y que buscan "efectos políticos y no para solucionar problemas".
"He sostenido, en diversas oportunidades, una posición desde el punto de vista legal, político, sociológico y económico: criminalizar a adolescentes, entendiendo que con eso se propician políticas de seguridad, es un absurdo total", expresó.
Según Santillán, estas medidas apuntan "solamente a un efecto público" y responden a "algunos reclamos legítimos de la sociedad en búsqueda de mayor seguridad".
"El tema merece un debate mucho más profundo. Algunas políticas solo son eslóganes y no tienen contenido real para cambiar la realidad. Debieran participar todos los estamentos de la sociedad que puedan tener interés en el tema, sin minimizar las cualidades y actitudes de nuestros legisladores nacionales", deslizó.
En ese sentido, el subsecretario propuso la posibilidad de que "expertos en la materia, no solamente jurídica, enriquezcan el debate" para, "recién ahí, tener conclusiones mucho más acertadas para modificar una norma tan importante".
El funcionario advirtió que la criminalidad adolescente "es muy baja" en proporción al resto de los sujetos activos de delitos.
"La experiencia muestra que en ningún país del mundo donde hayan modificado la edad de la punibilidad penal ha mejorado en algún aspecto los índices. No es por ahí donde se van a encontrar las soluciones", señaló.
De acuerdo con Santillán, en Santiago del Estero "hemos avanzado muchísimo en esa materia: sancionamos normas procesales para tratar la problemática; además, hemos construido y puesto en funcionamiento un dispositivo específico para esta franja estaría".
"No buscamos una política de criminalización, sino la manera de que ese adolescente infractor pueda, primero, comprender la criminalidad de sus actos, más allá de que tenga o no el estatuto punible o el estatuto comprendido dentro de la norma legal para su persecución penal", especificó.
Para el subsecretario, el adolescente "debe comprender sus actos, en la medida en que su desarrollo psicofísico se lo permita", para luego "investigar y profundizar cuál es el contexto del cual proviene esta persona para que haya llegado a este resultado, que, por supuesto, daña el tejido social, daña a terceros, pero, fundamentalmente, lo daña a él en el estadio primigenio de su vida, donde tiene que desarrollarse, donde tiene que empoderarse de todas las herramientas que le van a permitir vivir en una vida en sociedad de la mejor manera".
El funcionario comentó que junto a "un equipo multidisciplinario" y el Poder Judicial se busca "la manera de que ese adolescente se reintegre a la sociedad y vuelva a retomar el rumbo de su desarrollo humano con mejores herramientas de las que tenía".
