El transporte urbano de La Banda atraviesa uno de sus peores momentos. Frecuencias cada vez más escasas, amenazas de paro de choferes, unidades deterioradas y reclamos de aumento del boleto conforman un sistema al borde del colapso.
Las líneas 1, 2, 3 y 5 pertenecen a la empresa El Decano, propiedad de Miguel Lladón, suegro del diputado provincial de Despierta Santiago, Facundo Pérez Carletti. La Línea 6 está a cargo de MyF, de Rodrigo Carrascosa, y la Línea 4 opera bajo la firma MAPO, del empresario Mariano Páez. Según datos municipales, las líneas que más boletos cortan —y por tanto más dependen los usuarios— son la 1 y la 6, justamente las que hoy registran mayores quejas por demoras y fallas mecánicas.
Pese a que la ordenanza establece que los corredores deben otorgarse mediante licitación y aprobación del Concejo Deliberante, con plazo de concesión y canon definido, ninguna empresa posee una concesión formal. Todas funcionan "a tiro de decreto", un mecanismo discrecional que permite al Ejecutivo renovar permisos sin control legislativo.
En paralelo, desde la asunción del intendente Roger Nediani se eliminó el boleto estudiantil gratuito, que alcanzaba a alumnos de nivel inicial, primario, secundario y terciario, incluso en contraturno. Para miles de familias bandeñas, este beneficio significaba la única forma de garantizar el acceso regular a las escuelas.
Hoy el sistema se sostiene con flotas envejecidas, choferes que amenazan con nuevas medidas de fuerza por falta de pago y usuarios que esperan hasta 40 minutos o una hora por un colectivo que llega deteriorado o directamente no pasa. Mientras tanto, las empresas solicitan otro incremento del boleto.
La Banda enfrenta así un cuadro crítico: un transporte esencial sin reglas claras, sin inversión y sin control a través de la secretaría que comanda Romano Norris. Un servicio público que debería garantizar movilidad y equidad, hoy expone la fragilidad de un modelo de gestión que necesita una revisión urgente.