Duro repudio por el cierre de la ANDIS
La secretaria de Derechos Humanos de la Provincia, Dra. Daniela Aguila, cuestionó con dureza la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad y advirtió sobre un grave retroceso institucional y la vulneración de derechos.

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Duro repudio por el cierre de la ANDIS
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La secretaria de Derechos Humanos de la Provincia, Dra. Daniela Aguila, expresó un enérgico repudio a la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y alertó sobre el impacto negativo que la medida tendrá en millones de personas con discapacidad y sus familias en todo el país.
En un extenso pronunciamiento público, la funcionaria sostuvo que la eliminación de la ANDIS no constituye una simple reestructuración administrativa, sino “la consolidación de un proceso sostenido de quita de derechos, debilitamiento institucional y utilización de la discapacidad como variable de ajuste”.
Aguila señaló que desde el inicio del actual gobierno nacional se profundizó un escenario de incertidumbre para el colectivo de personas con discapacidad, con la baja indiscriminada de pensiones, la paralización de prestaciones esenciales, auditorías arbitrarias y la falta de implementación efectiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad. “Esa omisión fue una decisión política que profundizó la desigualdad y debilitó la protección de derechos”, afirmó.
La secretaria de DD.HH. remarcó que la ANDIS era el único organismo nacional con responsabilidad específica en materia de discapacidad y que su cierre deja sin representación institucional a millones de personas. Además, denunció que la disolución se da en un contexto atravesado por graves denuncias de corrupción. “Hubo fondos públicos desviados, coimas y dinero que debía garantizar derechos y hoy es investigado por la Justicia. Utilizar esa corrupción como excusa para cerrar el organismo es una doble injusticia”, expresó.
En ese sentido, sostuvo que las verdaderas víctimas son las personas con discapacidad más vulnerables, quienes terminan pagando las consecuencias del desmantelamiento del Estado. A veinte años de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con jerarquía constitucional en Argentina, Aguila advirtió que esta decisión implica “un retroceso de dos décadas”.
También cuestionó el traslado de la política de discapacidad al ámbito del Ministerio de Salud, al considerar que se vuelve a un modelo médico hegemónico que desconoce la discapacidad como una cuestión de derechos humanos. “Esto no es modernización ni eficiencia del Estado. Es regresión institucional, desprotección y vulneración de derechos”, subrayó.
Finalmente, la funcionaria afirmó que combatir la corrupción no puede implicar la eliminación de derechos y sostuvo que la respuesta correcta hubiera sido fortalecer y transparentar la ANDIS. “Garantizar políticas públicas en discapacidad no es un gasto, es una expresión concreta del respeto por la dignidad humana”, concluyó.
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