Marina Nasif, mamá de Emilia, una niña -10 años- con discapacidad, analizó el martes pasado -en diálogo con el equipo de ADN de Radio, en el marco de la columna Discapacidad- el tratamiento de la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad y su implicancia.

En rigor, entre el martes 15 y el miércoles 23 de septiembre pasado, desde el Gobierno nacional enviaron el proyecto Presupuesto 2027, que incluye modificaciones en los aranceles y el acceso a las pensiones, reducción del 13,9% del programa Incluir Salud (respecto del 2026), eliminación del nomenclador, entre otras cosas; las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda realizaron dos plenarios de tratamiento de la prórroga (hasta el 31 de diciembre de 2027); y Alejandro Vilches renunció a su cargo como secretario nacional de Discapacidad (Pablo Di Liscia tomó su lugar).

Emilia

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En primera instancia, Nasif -docente en los niveles superior y universitario- relató la historia de Emilia, que es, además, portadora de una enfermedad poco frecuente: tiene una alteración genética vinculada al USP9X (N. de R.: es la primera diagnosticada con su síndrome en Argentina).

"Hasta este año, era la única diagnosticada con su síndrome en Argentina. Somos una de las 300 familias diagnosticadas en todo el mundo", introdujo.

"Emi" realiza diferentes tratamientos de rehabilitación y reeducación, entre ellos fonoaudiología, kinesiología y terapia ocupacional. También participa de actividades como natación y básquet adaptados.

Además, la pequeña asiste al Centro de Educación Integral (CEI) N° 50 para personas con discapacidad visual San Juan Pablo II.

Según su mamá, su rutina comienza temprano porque "Emi" vive en la ciudad de La Banda, y debe trasladarse hacia la Capital para concurrir al CEI. Ergo, ese recorrido depende de una prestación de transporte.

"Si ella no tiene el remis, tenemos que faltar al trabajo para llevarla desde La Banda hacia el sur de Santiago", expuso.

La situación se repite con las terapias. De acuerdo con el testimonio de Nasif, las demoras en los pagos a prestadores pueden provocar interrupciones que repercuten directamente en la rutina de "Emi" y de toda su familia: "Está aprendiendo a vestirse, y eso es gracias a sus terapias", ejemplificó. Por eso, para la familia no se trata "simplemente" de perder un turno.

"Faltar a una o dos sesiones es como atrasar dos meses. Después tenemos que volver a empezar", advirtió.

La docente destacó que pagar particularmente todas las prestaciones que necesita su hija resultaría económicamente "imposible" para ella y su marido.

"Si hacía las cuentas, a mí, como trabajadora, me resultaría imposible pagar de manera particular todas las terapias que hace mi hija", señaló.

Para la entrevistada, garantizar las prestaciones vinculadas con la discapacidad constituye "un bien social" que debe "preservarse independientemente de la situación económica de cada familia".

Nasif valoró el trabajo de kinesiólogos, fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales y otros profesionales que necesitan capacitarse permanentemente y afrontar sus propios gastos para sostener la atención.

"Vulneración de derechos"

La docente cuestionó las políticas del Gobierno nacional hacia el sector y reconoció que las familias atraviesan un escenario de "mayor incertidumbre" (N. de R.: esas apreciaciones corresponden a su experiencia y posicionamiento).

A su vez, reclamó "que el sistema otorgue mayor previsibilidad" y "que las familias no tengan que atravesar permanentemente períodos de incertidumbre" respecto de prestaciones que resultan "esenciales para la autonomía" y "calidad de vida de las personas".

Para la entrevistada, el debate excede incluso la situación particular de "Emi": incluye a "toda la sociedad".

"Más allá del enojo personal que uno puede llegar a tener, estamos hablando de vulneración de derechos", manifestó.

Nasif pidió "combatir" los prejuicios y las barreras que enfrentan las personas con discapacidad para estudiar, trabajar, trasladarse y desarrollar una vida "con la mayor autonomía posible".