En una reveladora entrevista exclusiva, el reconocido abogado constitucionalista Dr. Eduardo Barcesat salió al cruce de las recientes declaraciones del presidente Javier Milei en las que calificó como "intentos de golpe de Estado" a las más de siete solicitudes de juicio político presentadas en su contra ante el Congreso de la Nación.

Con una mirada crítica sobre el funcionamiento institucional y el equilibrio de poderes, el especialista contrapuso la retórica oficialista con la realidad normativa del país, advirtiendo sobre el severo impacto social e institucional que atraviesa la Argentina.

Barcesat inició la entrevista precisando la naturaleza del juicio político como una herramienta republicana prevista en la Carta Magna de 1853, cuyo trámite exige la imputación por dos tercios de la Cámara de Diputados y la eventual remoción por dos tercios del Senado.

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Al respecto, el jurista remarcó la parálisis deliberada que sufre dicho trámite en el Poder Legislativo:

“Son más de siete los pedidos de juicio político referidos a la persona del presidente y miembros de su gestión. Pero lamentablemente, por maniobras del oficialismo en la Cámara de Diputados, desde el 11 de diciembre de 2023 hasta la fecha, a pesar de estar aparentemente constituida, la Comisión de Juicio Político no ha tenido una sola sesión. Actualmente la preside Lilia Lemoine, quien tampoco ha convocado al tratamiento. Está estaqueada la comisión para que esto no afecte al presidente”, denunció.

Para el constitucionalista, la tipificación de "golpe de Estado" formulada por el Ejecutivo representa una distorsión conceptual que invisibiliza el quiebre de la división de poderes ejecutado desde la propia Casa Rosada:

“El presidente llama golpe de Estado a los pedidos de juicio político, pero no se da cuenta de que el verdadero golpe de Estado lo ha perpetrado él al asumir atribuciones que le corresponden al Congreso de la Nación Argentina”, aseveró Barcesat de forma categórica.

El jurista situó la génesis de esta irregularidad en el dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23: “En lugar de enviar proyectos separados al Congreso ya constituido, se mandó un mega decreto de más de 600 artículos que afectó la vida de los argentinos e insumió a gran parte de la población en la pobreza o la indigencia. El Congreso solo registra el rechazo del Senado, pero en Diputados no se ha tratado, manteniéndose pervivente por la complicidad de voluntades subordinadas”.

En ese marco, calificó como un hecho de gravedad inédita las declaraciones de la Secretaría General de la Presidencia, Karina Milei, sobre el rol del Poder Legislativo: “Decir públicamente que los legisladores deben acostumbrarse a firmar los proyectos del Ejecutivo antes de leerlos es de una atrocidad institucional absoluta. Es tratar al Congreso como una escribanía, quebrando la piedra basal del Estado de Derecho”.

Consultado sobre si la Argentina había registrado una situación de estas características desde el retorno de la democracia en 1983, el jurista fue tajante: “Nada es comparable con este adefesio institucional establecido por la gestión de Milei”.

Barcesat vinculó este escenario de excepción normativa con el deterioro socioeconómico de la población, haciendo alusión al “genocidio silencioso del hambre” —expresión conceptual tomada del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales— que hoy se manifiesta en la pérdida de la calidad de vida, el cierre de comedores y el sobreendeudamiento.

Finalmente, al referirse a la potestad ciudadana de impulsar estos pedidos de destitución, recordó que cualquier ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos políticos puede formular la denuncia ante la Cámara de Diputados. Sin embargo, lamentó el desinterés oficial por darles curso: “Es trágicamente irrisorio que este cuadro de deterioro esté paralizado por quienes conducen las comisiones. Si todo este proceso de podredumbre institucional y social tuviera un título, sin dudas sería: Milei lo hizo”.