La historia de Gisela expone una situación que genera preocupación y fuertes cuestionamientos. Es empleada de la Municipalidad de La Banda desde hace doce años y, según relató en diálogo con Nuevo Diario, durante todo ese tiempo recibió promesas de acceder a un contrato que finalmente nunca llegó.
“Tengo treinta y tres años y hace doce años que tengo plan. Me han prometido muchas veces contrato. Hasta el momento no me lo han dado”, contó.
Actualmente percibe $100.000 mensuales, ingreso que constituye uno de sus principales recursos. Pero su realidad se volvió todavía más compleja cuando fue diagnosticada con una grave enfermedad.
El año pasado comenzó con problemas de salud. Primero le diagnosticaron una hernia de disco, situación que, según explicó, le impedía subir a los camiones donde desarrollaba sus tareas de limpieza de calles. A pesar de haber presentado certificados médicos, afirmó que continuó realizando esas funciones hasta que su estado empeoró.
Luego llegó el diagnóstico que cambió completamente su vida: cáncer de timo.
Desde entonces, Gisela atraviesa un extenso tratamiento. Ya realizó 18 sesiones de quimioterapia e inmunoterapia y necesita continuar con nuevos estudios y un tratamiento de radioterapia en Córdoba.
“Estoy con tratamiento. He tenido dieciocho sesiones de quimioterapia e inmunoterapia”, explicó.
El problema es que el tratamiento implica gastos que su familia no puede afrontar. Si bien cuenta con una cobertura para determinadas prestaciones, existen medicamentos y otros costos que quedan fuera de esa asistencia.
Como ejemplo, relató que una medicación que necesitaba tomar diariamente tenía un costo de $295.000 por una caja de apenas diez comprimidos, una cifra que prácticamente triplica el ingreso mensual que percibe por su plan municipal.
A esto se suman los gastos de traslado, tratamientos y atención psicológica y psiquiátrica.
“Tengo que costear el tratamiento, que es bastante alto, y tengo que ir a hacerlo en otra provincia”, manifestó.
En este contexto, Gisela asegura que solicitó ayuda a las autoridades municipales y pidió que finalmente se concrete el contrato que, según sostiene, le fue prometido durante años. Afirma que su expediente permanece iniciado desde 2024 sin respuestas.
Según su relato, en reiteradas oportunidades intentó ser atendida por funcionarios municipales y recibió distintas respuestas hasta que finalmente le comunicaron que ya no podían resolver su situación.
“Lamentablemente tu caso ya no tiene solución porque él ya no puede firmarte nada porque ya tenés que esperar el otro mandato”, aseguró que le transmitieron desde el municipio.
Para Gisela, el argumento resulta doloroso porque su necesidad no puede esperar los tiempos de la política ni de una gestión administrativa. Está atravesando una enfermedad grave y necesita continuar su tratamiento.
“Yo necesito que él me dé la cara”, reclamó, al referirse al intendente.
La mujer tiene además dos hijos, de 14 y 4 años, “lamentablemente no puedo bajar los brazos. Actualmente ando vendiendo rifas para poder solventar los gastos médicos”, contó.
Su reclamo no es solamente por un contrato. Es, según explicó, por el reconocimiento de los doce años de trabajo y por contar con mejores condiciones para afrontar una enfermedad que requiere tratamientos costosos y traslados fuera de la provincia.
“No pido que me regalen nada, simplemente que me reconozcan los años trabajados", sostuvo.
La situación deja expuesta una realidad difícil de ignorar: una persona enferma, con un ingreso que resulta insuficiente incluso para afrontar algunos de sus medicamentos, asegura haber pedido ayuda y encontrarse con puertas cerradas y trámites paralizados.


















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