Una reciente resolución dictada por el Gobierno nacional encendió las luces de alerta en Santiago del Estero y generó fuerte preocupación por el futuro institucional y económico de las organizaciones sociales. Durante una entrevista con el programa ADN de Radio, emitido por LV11, el director del Instituto Provincial de Acción Cooperativa (IPAC), Hernán Cisterna, reveló los graves alcances de una medida que dispuso la suspensión de matrículas por diversos incumplimientos administrativos. Se trata de la Resolución 2077, una disposición que, a nivel país, dejó fuera de regla a más de 6.200 organizaciones y obligó a otras mil a regularizar su situación en un plazo perentorio de 30 a 60 días.

Al aterrizar estas frías estadísticas en el territorio provincial, el panorama se torna complejo. "En nuestro caso, en Santiago del Estero, estas intimaciones nos afectaron de un padrón de 900 entidades a 458 entidades distribuidas en todo el territorio de la provincia", detalló Cisterna, dejando en evidencia que prácticamente la mitad de las agrupaciones locales sufrieron el impacto directo de la sanción. El funcionario remarcó que esto representa un "golpe muy fuerte" para el interior santiagueño, ya que estas entidades no son solo números, sino motores de la economía: "Tenemos en todo el territorio de Santiago del Estero, en los lugares más lejanos, cooperativas que nuclean a personas, que generan trabajo y que les generan esperanza", reflexionó.

La raíz de esta medida masiva responde a un proceso de reordenamiento impulsado desde las dependencias nacionales. Entre las principales fallas esgrimidas figuran la falta de actualización en los sistemas digitales de trámites o la deuda de balances y documentación asamblearia de años anteriores. Si bien Cisterna aclaró que "en actividad y en los hechos, las entidades pueden seguir trabajando", la suspensión de la matrícula representa una asfixia burocrática enorme: "La medida impide que estas instituciones puedan asumir compromisos formales". En la práctica, esto se traduce en la imposibilidad absoluta de realizar movimientos bancarios, gestiones financieras o firmar convenios con el Estado, un factor vital para su operatividad diaria.

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Frente a este delicado escenario, que amenaza la continuidad de estructuras comunitarias fundamentales, desde el IPAC decidieron tomar cartas en el asunto e impulsar una red de contención institucional. El objetivo de la dependencia es identificar cada caso, analizar los requerimientos adeudados y evitar que las sanciones se agraven. "Invitamos a todas las instituciones o a sus miembros a acercarse a este organismo para que podamos indicarles y asesorarlos en este proceso que vamos a iniciar de salvataje, a efectos de preservar las instituciones", concluyó el titular de la cartera, con un llamado especial a los dirigentes del interior profundo para que consulten su estado y no dejen vencer los plazos establecidos.