La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) manifestó su “preocupación institucional” frente a la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial el 26 de mayo de 2026.
La normativa elimina el régimen de compensaciones económicas que recibían las empresas de transporte automotor interjurisdiccional por la emisión de pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, personas trasplantadas y niñas, niños y adolescentes con cáncer.
Según el texto oficial, la decisión se fundamenta en el Decreto 883/2024, que estableció la libertad tarifaria en el transporte de pasajeros de media y larga distancia. Además, sostiene que las empresas pueden absorber el costo dentro de su estructura económica sin afectar el derecho a la gratuidad, y mantiene a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) como organismo encargado de supervisar su cumplimiento.
Sin embargo, ADPRA advirtió que la eliminación de la compensación, sin herramientas adicionales de control, auditoría o sanción, podría generar un impacto negativo en el acceso efectivo al beneficio.
“El derecho puede quedar formalmente vigente, pero vaciado en su aplicación práctica”, señalaron desde la entidad, al advertir posibles consecuencias como reducción de cupos, trabas en la reserva o limitaciones en servicios menos rentables.
El documento también remarca que el Estado tiene la obligación de garantizar la igualdad real de oportunidades, de acuerdo con el artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con jerarquía constitucional en Argentina.
Asimismo, ADPRA alertó que la medida podría ser considerada regresiva en términos de derechos económicos y sociales si no se acompaña de políticas compensatorias equivalentes.
Los pedidos de ADPRA al Estado Nacional
El organismo solicitó:
La creación de un sistema de control, auditoría y trazabilidad del otorgamiento de pasajes gratuitos. El fortalecimiento del régimen sancionatorio ante incumplimientos de las empresas. Garantías de acceso al sistema de reservas, incluyendo alternativas no digitales. Un informe oficial en un plazo de 30 días sobre las medidas para asegurar el derecho al transporte gratuito.
Finalmente, ADPRA advirtió que la eliminación del esquema de compensaciones se suma a otras dificultades que atraviesan las personas con discapacidad, como retrasos arancelarios y recortes en políticas públicas, lo que incrementa la preocupación del sector.
El documento fue firmado por la presidenta de ADPRA, María Rosa Muiños (Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires), junto al vicepresidente Facundo Matías Mancebo (Lanús), la vicepresidenta segunda María Florencia Peñaloza (San Juan), el vicepresidente tercero José Leonardo Gialuca (Formosa), la secretaria Claudia Bard (Chubut) y el vocal Dr. Daniel Escobar Correa (Santiago del Estero).
