La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) expresó su preocupación por el tratamiento del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y solicitó que la iniciativa vuelva a las comisiones del Senado antes de ser sometida a votación.

El planteo fue acompañado por el Defensor del Pueblo de Santiago del Estero, Dr. Daniel Escobar Correa, quien adhirió al documento en el que se reclama mayor transparencia, debate técnico y seguridad jurídica en torno a una reforma que modifica seis cuerpos normativos.

Desde ADPRA señalaron que el proyecto, identificado como expediente PE-13/26, obtuvo dictamen de mayoría el pasado 20 de mayo en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, pero advirtieron que desde entonces no volvió a ser tratado formalmente, pese a que habría sufrido numerosas modificaciones.

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La entidad cuestionó que las reformas posteriores, especialmente las vinculadas al régimen de tierras rurales, habrían sido negociadas entre el Poder Ejecutivo Nacional y distintos bloques legislativos sin incorporarse oficialmente al expediente parlamentario.

Según el pronunciamiento, durante ese proceso circularon numerosos borradores sin carácter oficial, situación que, a criterio de ADPRA, impide conocer con precisión cuál será el texto que finalmente votarán los legisladores.

Cuestionamientos al contenido del proyecto

La Asociación también expresó reparos sobre distintos aspectos de la iniciativa. Entre ellos, advirtió que la ampliación de los supuestos de expropiación irregular presenta definiciones imprecisas que podrían incrementar la litigiosidad y trasladar a los tribunales la interpretación de la norma.

Asimismo, manifestó preocupación por la derogación del artículo 22 quater de la Ley de Manejo del Fuego, al considerar que eliminaría una restricción destinada a impedir cambios en el uso de tierras afectadas por incendios sin establecer mecanismos alternativos de protección.

Otro de los puntos observados es la eliminación de los límites para la adquisición de tierras rurales por parte de capitales extranjeros. ADPRA sostuvo que el proyecto no prevé herramientas que eviten la concentración de tierras ni desarrolla con claridad el reparto de competencias entre la Nación y las provincias.

La entidad también remarcó la ausencia de estudios de impacto y de fundamentos actualizados que permitan evaluar las consecuencias institucionales, económicas, ambientales y sociales de la reforma.

Pedido al Senado

Frente a este escenario, ADPRA solicitó al Senado de la Nación que no avance con el tratamiento del proyecto hasta que exista un texto parlamentario oficial, público y verificable.

En ese sentido, pidió que la iniciativa regrese a las comisiones competentes para habilitar un debate técnico y transparente sobre cada una de las modificaciones incorporadas.

Finalmente, la Asociación aclaró que emitirá una posición sobre el contenido definitivo de la reforma una vez que el texto oficial sea dado a conocer. El pronunciamiento fue remitido al Senado, al Poder Ejecutivo Nacional y a todas las Defensorías del Pueblo que integran ADPRA.

Con su adhesión, el Defensor del Pueblo de Santiago del Estero, Daniel Escobar Correa, respaldó el pedido de que una reforma de este alcance sea debatida con plena publicidad de los actos legislativos, transparencia institucional y respeto por la seguridad jurídica.