Gabriela Ortiz: "Necesitamos volver a contar con una delegación de Andis"
Así lo expresó la concejal de la Capital en diálogo con Nuevo Diario, luego de las medidas adoptadas por el Gobierno nacional. Además, analizó el tema y sus alcances.

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Gabriela Ortiz: "Necesitamos volver a contar con una delegación de Andis"
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Tras una lucha de los sectores vinculados a personas con capacidades diferentes, el gobierno nacional aprobó la reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, publicada en el Boletín Oficial.
"Debemos recordar que esta medida viene a raíz de una sentencia judicial que ordenó al Estado avanzar con la aplicación de la norma, aprobada por el Congreso en julio del año 2025 y cuya entrada en vigencia había quedado supeditada a la disponibilidad presupuestaria, por disposición del presidente Milei", señaló la concejal de la Capital, Gabriela Ortiz, en diálogo con Nuevo Diario.
Marco y el alcance
La Ley 27.793 declaró la emergencia en materia de discapacidad y establecía un nuevo marco para políticas públicas, prestaciones y pensiones, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable por un año. Si bien el Congreso la aprobó, el Poder Ejecutivo había dispuesto mediante un decreto que su aplicación quedara "condicionada a la inclusión de las partidas correspondientes en el presupuesto nacional".
"Esa decisión arbitraria del Ejecutivo Nacional dio lugar a una presentación judicial, que tuvo como resultado que el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, declarara la invalidez del artículo del decreto que suspendía la aplicación de la ley"... explica la edil.
Y siguió: "Y ordenó su inmediata puesta en marcha. En su fallo, el juez dice que el condicionamiento presupuestario resultaba incompatible con las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado y advirtió que el desfinanciamiento del sistema ponía en riesgo la continuidad de tratamientos esenciales para las personas con discapacidad".
Importancia de la ley
Acerca de esto, la concejal también siguió: "Estas palabras hoy dichas por un juez en su sentencia son las que venimos repitiendo desde el primer día, cuando, tras los despidos masivos de trabajadores y trabajadoras de la Andis, advertíamos la maniobra de vaciamiento del organismo que otorga las pensiones no contributivas por invalidez".
"Los despidos masivos motivaron los cierres de oficinas de Andis y con ello la imposibilidad de que los beneficiarios puedan recibir asesoramiento o realizar el seguimiento de sus trámites de solicitud de pensión. Nuestra provincia necesita de manera urgente volver a contar con una delegación de Andis", señaló.
La reglamentación aprobada ahora define cómo se aplicarán los puntos centrales de la ley, que hasta el momento carecía de reglas operativas. Entre los cambios más relevantes figuran la puesta en marcha de un nuevo régimen de pensiones no contributivas por discapacidad, la conversión automática de beneficios ya otorgados y la implementación de auditorías periódicas para controlar el sistema.
La reglamentación también refuerza el rol de la Secretaría Nacional de Discapacidad, que pasó a depender del Ministerio de Salud. Asimismo, establece un plazo de 30 días para la presentación de un plan de auditorías periódicas, tal como prevé la ley.
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