La semana pasada, el defensor del Pueblo de la Capital de Santiago, Luis Ger, había enviado un pedido de resolución a la Comisión Bicameral de Defensoría del Pueblo de la Nación, sobre la terna de preseleccionados para ocupar ese cargo. Frente a ello, hoy llegó la respuesta de dicho organismo.
Cabe recordar que el pedido de resolución que realizó Ger a la Comisión Bicameral sobre la terna de preseleccionados para ocupar tal cargo tiene que ver con la estabilidad institucional que sostenía no se estaba cumpliendo. Incluso, lo calificó de “irregularidad institucional”.
“En mi carácter de ciudadano argentino, de postulante a ese cargo y como defensor del Pueblo de la ciudad capital de Santiago, expresé mi preocupación institucional ante algunas irregularidades en esta selección para ocupar el cargo”, indicó.
Asimismo, entre algunos indicadores que tienen que ver con esta preocupación ante tal irregularidad institucional en la Defensoría del Pueblo de la Nación, detalló: “La Defensoría del Pueblo de la Nación lleva dieciséis años sin una autoridad titular, situación absolutamente incompatible con el mandato constitucional de los artículos 86 y 87. No existe en el sistema democrático argentino un antecedente de vacancia tan prolongada en un órgano de control y protección de derechos”.
“Esta irregularidad no solo vulnera la institucionalidad republicana, sino que lesiona directamente los derechos de todos los ciudadanos, que desde hace más de una década y media se encuentran privados de la figura que debe ampararlos frente a abusos, omisiones y afectaciones de sus derechos fundamentales”, indicó.
A su vez, destacó como otro punto la obligación actual e ineludible de la Comisión Bicameral, como órgano responsable de elevar la terna al pleno del Congreso. “Por lo que tiene en este momento la obligación institucional y constitucional de poner fin a la vacancia. Es un mandato constitucional incumplido hace 16 años. La continuidad de esta omisión coloca al Congreso en una situación de franca irregularidad institucional y expone a la ciudadanía a un estado de indefensión que no puede justificarse bajo ningún argumento”, aseveró.
En la misma línea, enfatizó: “En este contexto, me veo directamente afectado. Como ciudadano, porque la ausencia del órgano vulnera mis derechos y los de todos los habitantes de la Nación; como postulante preseleccionado, porque un proceso que debía concluir en tiempos razonables permanece suspendido sin fundamento; y como defensor del Pueblo de la Capital de Santiago, porque la falta de un referente nacional obstaculiza la coordinación federal de políticas de protección de derechos”.
Asimismo, se solicitó la inmediata finalización del proceso de preselección, elevando la terna correspondiente al Congreso para la designación del Defensor del Pueblo de la Nación. “Cumplir con este deber no solo restituye la normalidad institucional, sino que devuelve a la ciudadanía un derecho vulnerado por más de una década y media”, aseveró Ger.
Por otro lado, la respuesta recibida puso de manifiesto “que la Comisión Bicameral adoptó y desarrolló los lineamientos y plazos a observar durante el proceso de selección, para posteriormente elevar y poner a consideración de ambas Cámaras Legislativas los candidatos propuestos, tal como prescribe la legislación aplicable”.
“No obstante, y producidos los debates necesarios, en ejercicio de las atribuciones y facultades con que contamos los legisladores que integramos la comisión que presido, no se lograron los acuerdos tendientes a obtener una decisión respecto de una terna, o cuanto menos, de un candidato, situación que derivó en un cuarto intermedio en la reunión de comisión del 5 de noviembre del corriente año sin que, hasta la fecha, se haya avanzado en la generación de los consensos necesarios, que habiliten a llamar a una nueva reunión para informar quién o quiénes resultaron desinsaculados”, plantea el detalle de la nota.
Por último, se indica: “Al respecto, conviene destacar que, en caso de existir llamado a sesiones extraordinarias, las mismas no habilitan el tratamiento de asuntos que resulten ajenos al temario fijado por el Poder Ejecutivo Nacional”. Quien firmó este documento a modo de “respuesta” al pedido de resolución es Daniel Kroneberger, senador nacional.
