Camila Toledo, licenciada en Fonoaudiología, dialogó ayer –en diálogo con ADN de Radio, LV11– tras el tratamiento de la nueva Ley de Discapacidad.
En rigor, en la Cámara de Diputados de la Nación dieron el jueves pasado media sanción al proyecto de Ley de Fortalecimiento del Sistema de Discapacidad: 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones.
Toledo reconoció que la propuesta incorpora "avances" para las personas con discapacidad; sin embargo, "todavía quedan cuestiones fundamentales sin resolver, especialmente las deudas con los prestadores, las dificultades para acceder a tratamientos y las desigualdades entre las provincias".
La licenciada cuestionó la "falta de participación de las organizaciones vinculadas con la discapacidad en la elaboración" de la iniciativa y planteó la "necesidad de avanzar hacia una legislación integral que contemple las distintas realidades del país".
"Nos ayuda un montón, pero tampoco es una ley marco", expresó.
La fonoaudióloga recordó que desde el Colectivo Federal, espacio del que forma parte, trabajaron por la Emergencia en Discapacidad: explicó que "las organizaciones habían solicitado una prórroga de la emergencia, mientras que el oficialismo presentó una nueva propuesta legislativa".
Según la referente, el debate debe "comprenderse" dentro de un escenario de "dificultades" económicas y administrativas que "afectan" tanto a las personas con discapacidad como a sus familias y a los profesionales que brindan prestaciones.
En ese contexto, la entrevistada cuestionó las políticas impulsadas desde el Gobierno nacional y mencionó las auditorías de pensiones, los cambios en las coberturas de salud y los "problemas" de financiamiento.
La licenciada consideró que "estas situaciones tuvieron consecuencias sobre el acceso a los servicios".
"Discapacidad está compuesta por las personas que tienen un diagnóstico, pero también por todos los prestadores, los profesionales y los que trabajamos alrededor", ratificó.
La fonoaudióloga señaló que la nueva iniciativa "recupera" una parte "importante" de los mecanismos contemplados en la legislación de emergencia.
De acuerdo con la referente, entre los aspectos abordados se encuentran las garantías relacionadas con las pensiones, el Certificado Único de Discapacidad (CUD), las prestaciones y las actualizaciones de los aranceles.
Para la entrevistada, "esos puntos representan avances para el sector"; no obstante, "el proyecto no resuelve todos los problemas estructurales".
"Necesitábamos una ley marco; esto queda un poco corto", añadió.
Conforme a Toledo, "una legislación integral debería superar las respuestas parciales y contemplar cuestiones como el acceso a los tratamientos, la distribución territorial de los servicios y las condiciones económicas de los prestadores".
La licenciada rememoró que el sistema normativo argentino en materia de discapacidad se construyó a partir de "distintas leyes" y "modificaciones acumuladas a lo largo de los años"; por ese motivo, consideró "necesario avanzar hacia una regulación que integre las diferentes dimensiones del sector".
En su análisis, las medidas destinadas a garantizar pensiones o prestaciones resultan "importantes", pero "no alcanzan para resolver todas las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad".
La fonoaudióloga planteó que "una verdadera ley marco debería incorporar una perspectiva federal y reconocer que el acceso a los servicios no es igual en todas las provincias".
Vale mencionar que el proyecto debe aún atravesar el tratamiento del Senado.
Por último, la referente sostuvo que "la discusión sobre discapacidad no debe limitarse a una cuestión presupuestaria".
Asimismo, la entrevistada acusó que el debate "también involucra el modelo de sociedad" y "el lugar que se reconoce a las personas con discapacidad".
"Es calidad de vida, es hablar de qué tipo de sociedad queremos construir", manifestó.
Desde esa perspectiva, Toledo remarcó la "importancia" de "garantizar" condiciones de inclusión y acceso a derechos, independientemente de las posibilidades económicas de cada familia o del lugar donde viva.
¿Cuáles son los cambios?
-Fijación por ley de los criterios de acceso a la pensión por discapacidad: se limita la discrecionalidad del gobierno de turno para dictaminar quién puede acceder a una pensión por discapacidad, ya que ahora estos requisitos quedan fijados en la ley permanente.
- Compatibilidad entre pensión y el empleo formal: la posibilidad de que los titulares del CUD perciban una pensión contributiva por discapacidad, equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo, y al mismo tiempo tengan un empleo formal o sean monotributistas. Esa compatibilidad estará sujeta a que los ingresos no excedan los dos salarios mínimos vitales y móviles.
- Actualización por Índice de Precios al Consumidor (IPC): se conserva el principio de nomenclador único y confirma que los aranceles de las prestaciones se actualizarán de manera automática y periódica según el índice de movilidad jubilatoria, vinculado al IPC.
- Cobertura médica: asegura a quienes perciban la pensión por discapacidad la cobertura básica de protección médica del Plan Federal Incluir Salud.
- Presupuesto: fija como piso que el presupuesto asignado al Ministerio de Salud iguale, en términos reales, el correspondiente al ejercicio fiscal anterior.
- Auditorías: establece un sistema de auditorías que se realizarán periódicamente mediante el cruce de información de Administración Nacional de la Seguridad Social, Agencia de Recaudación y Control Aduanero, Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social y Registro Nacional de las Personas, con sujeción al principio del debido proceso inclusivo.
- Cronograma de pagos de compensaciones: una cláusula transitoria que obliga a establecer un calendario de pago de las compensaciones adeudadas a los prestadores, que será de 90 días, y fija un máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo Nacional dicte la reglamentación.
*Con información de El Destape.


















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