Autoridades pertenecientes a las áreas de Salud Mental y Consumos Problemáticos de 11 provincias, incluida Santiago del Estero, pidieron esta semana la apertura de las reuniones del Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones (COFESAMA).
El documento fue dirigido a Liliana Graciela González, directora de Abordaje Integral de Salud Mental de la Nación.
"Nos dirigimos a usted en nuestro carácter de autoridades a cargo de las áreas de Salud Mental y Consumos Problemáticos de nuestras provincias con el objetivo de expresar la necesidad de reanudar las reuniones de COFESAMA, ámbito de intercambio, actualización e integración de políticas. Esta necesidad se agudiza en un contexto de fuerte incremento de padecimientos en salud mental que impacta, como es de público conocimiento, en los servicios de atención de todo nuestro país (ambulatorios y de internación)", introdujeron.
Néstor Medina, director de Abordaje Integral de Salud Mental de la Provincia, acompañó a sus pares de Buenos Aires, Córdoba, Formosa, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe, Salta y Tierra del Fuego.
"Entendemos que es fundamental que se reabran espacios de participación federal para el intercambio entre la Dirección Nacional y los distritos provinciales, que propician aportes y construcciones colectivas que enriquezcan las acciones que llevamos adelante", sugirieron.
El COFESAMA es un órgano técnico de articulación que forma parte de la estructura institucional del Ministerio de Salud de la Nación. Agrupa a las autoridades de salud mental de todas las provincias y de la Nación. Su rol apunta a coordinar políticas, planificar acciones y garantizar la implementación de la Ley Nacional 26.657 en todo el territorio nacional.
"Por otra parte, durante el mes de diciembre han circulado versiones a través de los medios de comunicación de que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud de la Nación, ingresará al Congreso un proyecto legislativo de reforma en materia de salud mental. Asimismo, hemos visto la posición del Estado argentino en la cuarta reunión de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas, manifestándose con un voto negativo a la Declaración sobre Enfermedades No Transmisibles y Promoción de la Salud Mental", agregaron.
En rigor, entre los principales ejes del proyecto se destaca la posibilidad de que jueces autoricen hospitalizaciones en "determinadas circunstancias", así como la creación de centros especializados para la atención de la salud mental. Vale mencionar que la ley actual fue concebida bajo el paradigma de la desmanicomialización y la protección de los derechos de los pacientes. Sin embargo, desde el Gobierno sostienen que su aplicación "evidenció falencias", principalmente por la "falta de dispositivos adecuados y de herramientas para abordar situaciones de urgencia".
"Consideramos sumamente necesario conocer los objetivos y proyectos del Ministerio de Salud y la Dirección de Salud Mental en las temáticas que nos competen y que afectan o inciden en las políticas y posiciones del país. Consideramos necesario contar con información sobre promoción de políticas que redunden en un mayor acceso a la salud con mejores servicios y sistemas de cuidados, desde una perspectiva de equidad y de respeto por los derechos de las personas con padecimientos mentales y sus entornos, y de aplicación y refuerzo de los sistemas de salud exigidos en este momento", terminaron.
En 2025, hubo más de 11.000 intentos de suicidio en el país, según datos del Boletín Epidemiológico Nacional. A nivel global, la Organización Mundial de la Salud estima que alrededor de 800.000 personas mueren cada año por suicidio, en lo que constituye la principal causa de fallecimiento entre jóvenes de 15 a 29 años.
"Es un espacio clave para definir políticas públicas y planificar acciones"
Néstor Medina, director de Abordaje Integral de Salud Mental de la Provincia, consideró —en diálogo con Nuevo Diario— que el Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones "es un espacio clave para definir políticas públicas, planificar acciones y garantizar la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental en todo el país".
En rigor, la norma garantiza el derecho a la protección de la salud mental, promueve un sistema de atención comunitario e integral, reconoce a las personas con padecimiento mental como sujetos de derecho, prioriza la desmanicomialización y regula la internación como última opción, enfocándose en la integración social y el respeto a la dignidad y capacidad de las personas.
No obstante, Medina garantizó que "la Provincia continúa ejecutando su plan propio de salud mental con proyección hasta 2027", es decir, atención integral, comunitaria y de derechos humanos, sumado a la incorporación de nuevas estrategias como teleconsultas para jóvenes y servicios de gerontología.
