El Instituto San Martín de Porres, mediante la carrera de Trabajo Social, abrió sus puertas para el desarrollo del primer encuentro correspondiente a los "Ciclos de Formación y Sensibilización sobre el Nuevo Régimen Penal Juvenil". La jornada académica e institucional contó con la presencia activa del equipo del Área de Adolescentes en Conflicto con la Ley de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SUBNAF), consolidando un espacio de articulación estratégica entre el ámbito de la formación profesional y la práctica de las políticas públicas.
El evento tuvo lugar en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la sede académica y reunió a un calificado cuerpo de expositores del ámbito judicial y administrativo. Encabezaron las disertaciones el Dr. Gastón Merino, Juez de Control y Garantías con Competencia Penal Juvenil, junto al Dr. Manuel Santillán Zavalía, coordinador de Nexo —Centro de Responsabilidad y Abordaje Adolescente—, quienes aportaron miradas complementarias desde el análisis dogmático-procesal y la gestión ejecutiva de medidas alternativas a la privación de libertad.
Junto a los disertantes centrales, la comitiva técnica se completó con la participación activa de los profesionales que integran los equipos interdisciplinarios del fuero penal juvenil y del área especializada en responsabilidad penal juvenil del organismo de protección. Su presencia permitió contrastar el diseño normativo con las dinámicas concretas de intervención profesional que se despliegan cotidianamente en el ámbito territorial y comunitario.
Con una nutrida asistencia de estudiantes, docentes de la carrera de Trabajo Social y representantes de diversas instituciones invitadas, el encuentro se constituyó en un foro de debate crítico sobre las transformaciones del sistema de justicia restaurativa. La audiencia debatió sobre la apremiante necesidad de adaptar las prácticas profesionales al estándar internacional de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes.
En ese contexto, las discusiones principales giraron en torno a la prevención estratégica del delito juvenil y a la aplicación efectiva de medidas socioeducativas. Se puso especial énfasis en el acompañamiento territorial como herramienta clave para evitar la reincidencia y en la función crucial que desempeñan los equipos socioterapéuticos en entornos caracterizados por la extrema vulnerabilidad social.
El análisis de la normativa vigente permitió profundizar en los desafíos teóricos y prácticos que entraña el nuevo esquema legal. Las intervenciones coincidieron en subrayar la importancia de trascender la respuesta punitiva tradicional para consolidar un modelo fundado en la responsabilización, la garantía de derechos y la atención a las trayectorias vitales de los jóvenes involucrados en causas penales.
Las exposiciones judiciales ratificaron la necesidad de contar con dispositivos estatales capaces de articular intervenciones ágiles, eficaces y libres de sesgos estigmatizantes. Se destacó que la efectividad del proceso penal juvenil depende en gran medida de la capacidad del Estado para garantizar redes sostenidas de contención familiar, educativa y comunitaria durante el cumplimiento de las sanciones socioeducativas.
Por su parte, la presencia de la agencia estatal responsable del área técnica fortaleció el valor del trabajo interinstitucional. El diálogo directo entre los operarios del sistema judicial, los gestores de políticas públicas y el sector universitario ofreció a los futuros trabajadores sociales una visión integral de las tensiones y oportunidades que presenta el campo normativo actual.
Desde la representación institucional se expresó un sincero reconocimiento a las autoridades del Instituto San Martín de Porres por propiciar estas instancias de capacitación continua. Se enfatizó que estos espacios son indispensables para calificar las herramientas metodológicas de intervención y orientar los esfuerzos hacia respuestas públicas que prioricen la inclusión social genuina de cada adolescente.
El cierre de la jornada dejó asentado el compromiso de continuar profundizando la red de trabajo interdisciplinario en posteriores encuentros. La actualización permanente de los actores involucrados emerge como la vía principal para asegurar que la aplicación del Régimen Penal Juvenil combine el debido proceso con oportunidades concretas de reconstrucción del proyecto de vida de los jóvenes.


















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