Camila Toledo, fonoaudióloga, encabezó el viernes pasado el conversatorio "Hablemos de discapacidad", llevado a cabo en un reconocido espacio cultural de la ciudad Capital.
El equipo de Nuevo Diario se contactó con Toledo, quien consideró que "fue una linda tarde" en la que conversaron "sobre la discapacidad, la implicancia social y la responsabilidad que tenemos todos a la hora de garantizar que los derechos adquiridos no se quiten".
"Desde el inicio de la difusión, tuvo convocatoria, en especial en las familias. Ojalá esto se pueda replicar en todos los sectores, especialmente en los colegas prestadores. Estos espacios de charlas/debates son necesarios porque aún hoy, a casi 20 años de la ley 24.901 (Ley de Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a Favor de las Personas con Discapacidad), todavía hay información errónea sobre las coberturas, los accesos y quiénes las garantizan", señaló.
La fonoaudióloga continuó: "Otro punto importante es cambiar la mirada y no solo focalizarla en el sujeto usuario de CUD (Certificado Único de Discapacidad), sino en la responsabilidad civil, tomando la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que define que las barreras son también sociales y estructurales".
- ¿De qué hablamos cuando hablamos de discapacidad?
- Antes de intentar definirla, hay que entender que no se trata de una desviación de la norma, sino de una parte de la diversidad humana. La discapacidad no solo involucra aspectos médicos, sino también sociales, filosóficos, legales, educativos, de derechos humanos, accesibilidad, tecnología, entre otros. Su impacto y significado dependen del entorno en el que se desarrolla la persona.
La licenciada hizo mención a la Convención, entidad que, según analizó, "representó un cambio significativo al establecer un marco legal que garantiza a las personas con discapacidad los mismos derechos y libertades fundamentales que el resto de la población". "Así, la discapacidad dejó de ser vista solo como una condición médica para entenderse como una cuestión de derechos humanos", celebró.
En rigor, Argentina ratificó la Convención mediante la Ley 26.378 (2008). Más tarde, en 2014, nuestro país avanzó otro paso: le otorgó la jerarquía constitucional a través de la Ley 27.044 (tiene el mismo nivel de importancia que la Constitución Nacional).
"Las familias que reciben el diagnóstico de un familiar en cualquier momento del ciclo vital pasan a formar parte del 'universo' discapacidad. Inician, en principio, con la parte clínica, para continuar con la búsqueda de apoyos y acceder al CUD", complementó.
La entrevistada se detuvo en el CUD. "El acceso a la salud pública es universal y no está condicionado por la posesión del CUD. En cambio, en el sistema de salud privado (obras sociales y prepagas), el acceso a prestaciones sí depende del CUD. La Ley 24.901 es una herramienta clave para garantizar la equidad y el acceso a servicios esenciales. Esta ley beneficia a todas las personas con CUD y establece la obligatoriedad de la cobertura del 100% de los apoyos que necesiten, sin importar el plan de salud que posean", comentó.
- ¿Por qué hablar desde la fonoaudiología de leyes, legislación y marco histórico?
- Porque como profesional que decide trabajar con discapacidad, la formación técnica es un requisito. Hay que entender a la discapacidad no solo desde el lugar médico otorgado por un diagnóstico, sino también desde su impacto transversal en la vida. Es una obligación. El conocimiento de la legislación es clave para que se brinde una atención centrada en la persona, garantizando sus derechos y facilitando su inclusión en la sociedad.
Toledo comprendió que "el objetivo de la fonoaudiología es la comunicación humana, desde la promoción de la salud hasta la rehabilitación, en aspectos relacionados con el lenguaje, la voz, la audición y la fonoestomatología". "Esta disciplina abarca todo el ciclo vital y se ejerce en ámbitos de salud, educación, social y comunitario", añadió.
- ¿Y por qué es necesario hablar de discapacidad?
- Porque es una realidad de la que nadie está exento. A menudo, se asocia el término únicamente con un diagnóstico médico recibido por una familia cuando su hijo está en la primera infancia. Sin embargo, la discapacidad no es exclusiva de una etapa de la vida ni de una única condición. Pensemos en esta situación: una persona con un desarrollo típico sufre un accidente de tránsito y pierde una de sus capacidades. Esto puede convertirla en una persona con movilidad reducida, requiriendo el uso de una silla de ruedas o una prótesis ortopédica. O consideremos otro caso: alguien sufre un accidente cerebrovascular y, tras estabilizarse, enfrenta secuelas como pérdida del habla, dificultades en la comprensión, afasia o trastornos deglutorios que afectan su alimentación. También hay condiciones de salud que pueden generar discapacidad, como quienes requieren cuidados paliativos, pacientes en diálisis, personas con cáncer o aquellos con complicaciones o secuelas de diabetes. Como sociedad, tenemos la responsabilidad de garantizar que todas las personas con discapacidad reciban el apoyo necesario para desarrollarse plenamente. Informarnos y exigir el cumplimiento de sus derechos es el primer paso para construir una sociedad más inclusiva y accesible para todos.
